La primera de esas medidas, explicó Rivero, permitirá a 16.000 jóvenes canarios recuperar la oportunidad de cualificarse, culminar su formación o adquirir una experiencia laboral. Para ello, las universidades canarias brindarán a 5.000 jóvenes, que carecen de titulación o acreditación para seguir estudiando o trabajar, la posibilidad de contar con la acreditación necesaria para tener la oportunidad de continuar con sus estudios u obtener un puesto de trabajo.    Al mismo tiempo, 7.000 jóvenes que no han culminado su formación en ESO o FP contarán con una opción de formación en idiomas, FP o Enseñanza Secundaria Obligatoria, y 4.000 jóvenes que hayan culminado su formación, pero que no han disfrutado de experiencia laboral, a través de formación y aprendizaje, podrán acceder a prácticas con obligación de contrato, comentó el presidente canario.    La segunda medida ayudará a que 8.450 familias tengan una opción de trabajo a través del Plan de Empleo Social. Así, Rivero avanzó que el Gobierno, en colaboración con ayuntamientos y cabildos, pondrá en marcha un Plan de Empleo Social 2014-2015 --doce meses, a contar desde el próximo mes de junio-- que atenderá de forma preferente a las familias con todos sus miembros desempleados.    En tercer lugar, dado que la formación es un "elemento clave" para tener oportunidades de trabajo, el presidente anunció que el Gobierno reforzará medidas que faciliten que todos los jóvenes que quieran acceder a la enseñanza superior puedan hacerlo, empezando por la apertura de una línea de ayudas para que "ningún joven vea truncada la oportunidad de realizar la PAU por razones de tipo económico".    Asimismo, el Ejecutivo ampliará la cobertura de las becas para todos los universitarios que, cumpliendo con los requisitos exigidos, no reciban dicha ayuda por parte de la Administración General del Estado. Además, para evitarles problemas en el cobro de la ayuda, el Gobierno de Canarias adelantará el pago de las becas canarias a los meses de enero y febrero, con la única condición de reintegrar la cantidad en el supuesto de que finalmente obtengan la beca estatal.    En cuarto lugar, el Gobierno ha decidido ampliar la oferta para que en los centros educativos de Canarias pueda llevarse a cabo en verano un nuevo programa de inmersión lingüística que irá acompañado de la apertura de los comedores escolares. Al mismo tiempo, se mantendrán los desayunos escolares, una medida que se hace extensiva a Secundaria. Así, se contratarán hasta 550 profesores para atender estas necesidades. OTRAS MEDIDAS    La quinta medida consiste en que el Gobierno de Canarias está cerrando acuerdos con entidades financieras para que las viviendas vacías propiedad de los bancos puedan ser gestionadas por la Administración autonómica, con el objetivo de que las mismas entren en el mercado como viviendas de alquiler social.    La sexta pasa por el refuerzo de las medidas para reducir las listas de espera. Así, Paulino Rivero dijo que una vez conseguida, con las medidas impulsadas hace ahora un año, una reducción del 9% de las listas de espera de menos de seis meses y del 11% en las de más de seis meses, se seguirán incrementando dichas actuaciones.    En séptimo lugar, de las 85.000 viviendas necesitadas de rehabilitación, el Gobierno de Canarias bonificará dos puntos el interés de los créditos destinados a la rehabilitación de espacios comunes de viviendas de propiedad privada.    En octavo lugar, el Ejecutivo canario va a presentar ante la Cámara con carácter de urgencia un proyecto de ley para reducir los plazos en aquellas obras consideradas estratégicas, de forma que puedan llevarse a cabo en un tiempo "más rápido y ayuden a dinamizar la economía", subrayó Rivero.    Una novena medida consistirá en que a lo largo de 2014 y 2015, el Gobierno de Canarias adjudicará obras relacionadas con la política de aguas, racionalización de la energía y el medio ambiente por valor de 42 millones de euros.    Por último, el Ejecutivo canario exigirá al Gobierno central la activación de las Obligaciones de Servicio Público a fin de que se produzca un control efectivo de los precios del transporte aéreo entre Canarias y la Península, de forma que se contrarresten los efectos de la pérdida paulatina de oferta de plazas y el incremento de los precios