Tres de cada diez mujeres en edad laboral, el 31 %, están en riesgo de exclusión social o pobreza debido, principalmente al desempleo, la inactividad o la contratación irregular.

Una situación que se ceba especialmente con las mayores de 55 años, las discapacitadas, las que tienen responsabilidades familiares no compartidas y las víctimas de violencia de género.

Así lo refleja el V Informe "#Empleoparatodas: Mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral", elaborado por la Fundación Adecco en colaboración con siete empresas (Grupo Red Eléctrica, Gas Natural Fenosa, Endesa, Enagás, Makro, Yelmo Cines y Thyssenkrupp) con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

Según el indicador Arope, que mide el riesgo de pobreza y/o exclusión social en toda la Unión Europea (UE), en España un 27,9 % de las mujeres está en situación de riesgo de exclusión o pobreza, porcentaje que se eleva al 30,9 % en las de edad laboral.

Entre los colectivos de mujeres más afectados por el riesgo de exclusión social o pobreza destaca el de mayores de 55 años que ya representan 12,6 % del total de desempleadas.

Este porcentaje constituye un máximo histórico y es llamativo en su comparación con hace una década, cuando eran el 5,9 % de todas las paradas, subraya el estudio, que denuncia la "cronificación" del desempleo de este colectivo en el que la mayor parte son paradas de larga duración (el 68 % lleva más de un año en paro).

En 2017 de los 2,4 millones de mujeres mayores de 55 años que hay en España, 245.100 estaban en paro, frente a las 62.900 de 2007, es decir casi un 300 % más. Un porcentaje mucho más elevado que el del paro femenino general que ha crecido un 85 % en la última década.

Con la crisis económica, se explica en el estudio, una gran masa de mujeres mayores tuvieron que buscar empleo remunerado para apoyar a una economía doméstica resentida (la búsqueda de trabajo aumentó un 88 % en este colectivo en 2007-2017).

"Pero se toparon con la crudeza de un mercado muy competitivo, de modo que al incorporarse al mercado laboral, lo hicieron directamente al desempleo", problema al que se unen los prejuicios culturales sobre la obsolescencia de su capacidad de aprendizaje.

La discapacidad también eleva el riesgo de exclusión social de las mujeres, convirtiéndolas, en las más vulnerables con la menor tasa de actividad y la mayor de paro femenino (33 %).

La discriminación inherente a este colectivo y su menor acceso a al educación convierte a la mujer con discapacidad en la ficha más débil en el tablero del empleo con una tasa de empleo de solo el 36 % y un paro del 33 %.

Factores como la sobreprotección familiar, una educación segregada o la falta de alternativas formativas reales, las aleja del mercado laboral, de modo que en muchos casos optan por cobrar una prestación, aun teniendo habilidades y potencial para trabajar, asegura Mesonero.

En cuanto a las que están al frente de una familia monoparental, siete de cada diez llevan más de un año sin empleo y un 18 % trabaja sin ningún tipo de contrato y en situación de absoluta desprotección.

Las cifras hablan solas: un 53 % lleva más de dos años buscando trabajo. En total, casi 7 de cada 10 (69 %) es parada de larga duración.

Y siete de cada 10 mujeres víctimas de violencia de género aseguran que el desempleo "perpetúa la violencia" y constituye un freno para denunciar o pedir ayuda.

La dependencia económica del agresor, unida a una merma de autoestima, las conduce directamente al temor a verse solas y sin recursos. En consecuencia, no reconocen su situación y la violencia de género se perpetúa en el tiempo, concluye el estudio.