Veinte personas solicitantes de asilo en España han reclamado hoy ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que se les admita en el sistema de acogida e integración para poder tener unas "condiciones de vida dignas" hasta que sean independientes económicamente o se resuelve su solicitud de asilo.

Unos requerimientos que han presentado hoy en la Secretaría General de Inmigración y Emigración tras concentrarse en la puerta de este departamento junto a medio centenar de personas que han exigido "políticas de acogida dignas",

Según ha explicado la abogada Patricia Fernández, de la ONG Coordinadora de Barrios, a estas veinte personas se les niega su inclusión en el sistema de acogida en virtud del Reglamento de Dublín, que establece que las personas deben pedir asilo en el país de la Unión Europea por el que se ha ingresado a este espacio común.

Esta situación provoca que al solicitarlo en otros Estados -a los que se desplazan porque tienen allí sus familias-, los gobiernos las devuelvan al país de entrada, en este caso a España, después de que el Gobierno español admita el estudio de su petición de asilo.

"Entendemos que si España se declara competente para estudiar su caso de asilo, inequívocamente tiene que ir unido el reconocimiento de todos los derechos como solicitantes de asilo", ha aseverado Fernández.

Sin embargo, el Ministerio "les está dejando en situación de calle y eso les aboca a una situación de indigencia", ha denunciado la letrada, que ha precisado que estas personas están alojadas en albergues para gente sin hogar o durmiendo en habitaciones con 50 y 60 personas.

Una posición que, ha lamentado Fernández, no les permite tener acceso a ninguno de los programas de inclusión social como los de aprendizaje del español o formación para el empleo, ni tampoco asistencia psicológica.

Asimismo, ha criticado que Empleo "no haya adecuado las necesidades de acogida" ya que España es el único país europeo en el que sigue aumentando el número de solicitudes de asilo, y ha recordado que "hubo una época" en que el ministerio sí permitía que volvieran al sistema de acogida.

"Actualmente, con el único criterio de la falta de plazas, el Ministerio de Empleo establece criterios restrictivos de acceso a las plazas de acogida con la finalidad de no tener solicitantes en las listas de espera", ha denunciado.

La abogada ha hecho hincapié en que lo que se reclama es que se les reconozcan los derechos fijados en la Directiva Europea de Condiciones de Acogida de 2013, que es "de obligado cumplimento".

"Existe una obligación del solicitante que es retornar al país por el que entró y ellos cumplen con esa obligación. Y existe una obligación por parte del Estado de proveerles de los medios de vida dignos hasta que sean independientes económicamente o hasta que se resuelva su solicitud de asilo", ha recalcado.

Además, ha añadido la letrada, tres de estas veinte personas ya han demandado a Empleo ante los tribunales al considerar que se han vulnerado sus derechos a una vida digna y a una tutela judicial efectiva.

"Quienes han pasado por España y han huido a otros países de Europa, no lo hacen de un modo caprichoso, sino porque allí se encuentran sus familias", ha insistido Fernández, que ha dicho que estos 20 casos son "la punta del iceberg de un drama que la gente vive con vergüenza por estar en situaciones de indigencia y en silencio por no saber cuáles son sus derechos".