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DERECHOS HUMANOS

Organizaciones alertan del "grave deterioro" de los derechos en España

La Plataforma DESC-España, formada por organizaciones de distintos ámbitos y sindicatos, ha alertado del "grave deterioro" de los derechos económicos, sociales y culturales en España desde 2012 como consecuencia de las políticas públicas y medidas legislativas aprobadas.

  • Agencia EFE

La Plataforma DESC-España, formada por organizaciones de distintos ámbitos y sindicatos, ha alertado del "grave deterioro" de los derechos económicos, sociales y culturales en España desde 2012 como consecuencia de las políticas públicas y medidas legislativas aprobadas.

Lo ha hecho en un informe que han apoyado las cerca de 150 organizaciones de la sociedad civil que la componen y que será presentado mañana en Ginebra (Suiza), en el marco del examen de España ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Hace un año y medios varias organizaciones de la sociedad civil así como sindicatos comenzaron a trabajar juntos para elaborar este informe, según ha explicado Paloma García, de la Plataforma DESC-España, en el acto de presentación del informe en el Congreso de los Diputados, en el que han intervenido también varios grupos parlamentarios.

Tal y como ha indicado García, que pertenece a Red Acoge, el texto constata dos cosas: el "grave deterioro" de los derechos sociales, económicos y sociales en los últimos años y el "sistemático incumplimiento" de las recomendaciones y dictámenes internacionales para garantizarlos por parte "del Gobierno y los poderes públicos".

El informe, según ha resumido Gabriela Jorquera, de Save the Children, pone de manifiesto la necesidad de que antes de que el Ejecutivo aprobara medidas de austeridad que afectan a estos derechos debería haber hecho una evaluación de su impacto y proteger a las personas vulnerables.

El informe también asegura que en España hay determinados colectivos como las personas con discapacidad, las sin hogar o las que se encuentran en el país en situación irregular que son objeto de discriminación y "tienen más dificultades" para acceder a los bienes y servicios básicos, además de que son víctimas de odio.

Destaca el incumplimiento de España del Convenio de Estambul, que contempla, entre otras cosas, las distintas formas de violencia contra la mujer como violencia machista.

No obstante, la adaptación a la legislación española del convenio ya está contemplada en el pacto de estado de violencia de género alcanzado por los grupos parlamentarios.

Por otra parte, el informe cree que el Estado ha operado como un "muro de contención" a la hora de destinar fondos que garanticen los derechos económicos, sociales y culturales pero "también impidiendo el desarrollo normativo" que pretendían algunas autonomías para protegerlos.

En cuanto el derecho al empleo, incide en que en España ha dejado de ser un protector contra la pobreza por el incremento de trabajadores pobres y asegura que los poderes públicos no cumplen con la promoción del acceso a un puesto en condiciones "equitativas y satisfactorias".

Critica la ley de seguridad ciudadana, considera que hay una "enorme cantidad de pensiones" con cuantías muy bajas que son "incompatibles" con unas condiciones de vida dignas y lamenta la ausencia de políticas para lograr un modelo de conciliación que responda al interés del menor y que asegure la corresponsabilidad.

"En España tener hijos se ha convertido en un factor de riesgo de pobreza", ha señalado Jorquera durante la exposición del informe, que también apunta el "retroceso" que supone la reforma sanitaria aprobada en 2012 y recoge la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda digna.

Sobre el derecho a la educación, las organizaciones sostienen en el informe que el sistema educativo en España "no tiene un enfoque de equidad " y ha sufrido "importantes recortes presupuestarios".

En el acto han intervenido además de representantes de PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromis y UPN, el magistrado de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada y el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.

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