La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha mostrado hoy su disposición a trabajar "codo con codo" con las comunidades para actualizar "con rigor y sosiego" el protocolo de atención a los menas (menores extranjeros no acompañados), que en la actualidad ascienden a 6.248.

Lo ha hecho en el Congreso al ser interpelada por el diputado del PNV Íñigo Barandiaran sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para paliar la "preocupante situación" consecuencia del incremento del número de estos menores en nuestro país.

Montserrat ha reconocido que este fenómeno ha abierto "nuevos retos y problemas" como la sobreocupación de los centros de primera acogida, donde son frecuentes además las entradas y salidas voluntarias por parte de los menores.

A fecha de 30 de abril, había 6.248 menas en España, concentrados principalmente en Andalucía, Murcia, Melilla, Ceuta, Canarias, Cataluña, País Vasco, Valencia y Madrid, y su perfil "no coincide con el del menor en situación de riesgo, desamparo o sujeto de pleno derecho del sistema público de protección de menores españoles".

Existen hasta cuatro tipos de perfiles: los que migran por condiciones de extrema pobreza; los que tienen entre 17 y 18 años y proceden de familias estructuradas; los que carecen de vínculos familiares, y por ello presentan mayor riesgo de caer en las redes de mafias de narcotráfico, prostitución o delincuencia; y los de grupos vulnerables, sobre todo con discapacidad.

Ante ello, Barandiaran ha considerado que las "soluciones no son solo urgentes, sino inaplazables" porque los menas se encuentran "en una situación preocupante", y no solo por la intensidad del fenómeno migratorio, también por "la falta de efectividad del protocolo de atención".

La ministra ha admitido que el fenómeno requiere de una "intervención con respuestas diferenciadas y cada vez mas específicas" según el perfil de los menores, por lo que ha apelado a realizar un debate "riguroso y sosegado" con las comunidades sobre la actualización del protocolo.

No obstante, ha subrayado que "la legislación española es garantista y establece su protección inmediata", pero las repatriaciones de estos niños, "pocas" en comparación con su número, presenta dificultades entre otras cosas porque la "colaboración de las instituciones tutelares de los países de origen es menor de la deseada y necesaria".

Con todo, el Gobierno tiene abiertas líneas de trabajo como la creación de una comisión de seguimiento de esta problemática con representantes de los ministerios de Empleo, Sanidad, Interior, Exteriores y Justicia y la Fiscalía General del Estado a la que pueden unirse las autonomías.

También quiere establecer un foro de trabajo y debate en la Comisión Interautonómica de Infancia y Familia para estudiar y hacer propuestas de acción, así como reforzar las conversaciones bilaterales con los países de origen.