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Gobierno presupuesta 500.000 euros en 2018 para escolarización en castellano

El proyecto de presupuestos del Estado de 2018 incluye 500.000 euros para compensar a las familias que hayan pedido escolarizar a sus hijos en un centro privado para estudiar en castellano como lengua vehicular al no tener dicha opción en uno público o concertado de su comunidad autónoma.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 05 abr 2018

El proyecto de presupuestos del Estado de 2018 incluye 500.000 euros para compensar a las familias que hayan pedido escolarizar a sus hijos en un centro privado para estudiar en castellano como lengua vehicular al no tener dicha opción en uno público o concertado de su comunidad autónoma.

Esta cantidad presupuestaria comenzó siendo de cinco millones en los presupuestos de 2015, bajó a un millón en 2016 y en 2017 se situó en 500.000 euros, idéntica cifra a la de este año.

Se da la circunstancia de que el pasado febrero el Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso por invasión de competencias de la Generalitat contra la disposición adicional 38 de la Lomce, la cual fijaba esa opción de escolarización en un centro privado con el objetivo de garantizar la enseñanza en castellano en toda España.

No obstante, el Constitucional señalaba en su sentencia que la anulación de ese modelo de la Lomce no afectaría a los alumnos que ya hubieran sido escolarizados mediante este procedimiento y determinaba "la garantía de continuidad en la escolarización hasta el final de la enseñanza obligatoria", a excepción de que el alumno cambiara de centro.

Los presupuestos para 2018 llegan con el curso escolar 2017-18 ya comenzado y con alumnos que se han podido acoger a esa disposición de la Lomce antes de la anulación del Constitucional.

La compensación para los gastos de escolarización en un centro privado tiene un importe máximo equivalente al coste anual de una plaza en un centro público de la comunidad afectada (suele rondar los 6.000 euros) y se podía solicitar desde el curso 2014-15.

La Lomce establecía que dicho gasto tenía que ser adelantado por el Ministerio de Educación, que después lo comunicaba al de Hacienda para que pudiera deducirlo o retenerlo de la financiación autonómica que correspondiera.

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