El Gobierno ha negado hoy que exista un efecto llamada y ha pedido colaboración a las comunidades autónomas para afrontar juntos y de manera coordinada el aumento de la presión migratoria, y, aunque las autonomías han mostrado su disposición a ello, han urgido soluciones.

En la primera Conferencia Sectorial de Migraciones de los últimos tres años -no se reunía desde 2015-, la ministra del ramo, Magdalena Valerio, y la mayoría de las comunidades han elevado el asunto migratorio a cuestión de Estado y han coincidido en la necesidad de una mayor implicación de la UE.

La reunión, que según la ministra se ha desarrollado con un clima de "tranquilidad y de colaboración" con las comunidades "al margen del color político", ha servido para poner de manifiesto que la situación actual "se veía venir" por las cifras que ya comenzaron a incrementarse el pasado año, cuando lo hicieron un 170 % respecto a 2016.

Así, ha indicado que en 2016 llegaron por la frontera sur unas 10.500 personas de forma irregular, mientras que el pasado año lo hicieron unas 24.000.

En la Conferencia, que Valerio se ha comprometido a convocar como mínimo dos veces al año, les ha expuesto las políticas migratorias que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en marcha en apenas dos meses y que, a su juicio, "están dando resultado", dentro de que "todo es manifiestamente mejorable".

Entre ellas, la recuperación del fondo de apoyo a la acogida e integración para inmigrantes que no está presupuestado para este año y sí lo estará para las cuentas de 2019, según ha reconocido la ministra.

Valerio ha defendido en la reunión una acción "conjunta y coordinada" que tenga en cuenta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y ha trasladado a los consejeros.

Ha dejado claro que tiene que haber un control de fronteras porque España cumple la ley y ha defendido la migración legal, por contingentes de trabajadores, porque España es un país de baja natalidad.

La ministra ha reiterado que el Gobierno no contempla iniciar un proceso de regularización de inmigrantes porque, entre otras cosas, "sinceramente" no cree que España sea un país "muy atractivo aún" para ellos.

"¿Quién ha dicho eso de papeles para todos y cuándo? Nadie del PSOE y nadie del Gobierno ha dicho eso; es un absurdo porque un poco de sentido común tenemos y lo que apostamos es por la inmigración legal", ha enfatizado.

Además, ha apostado por la inversión en cooperación en los países de origen de los inmigrantes para evitar el "efecto huida" .

Si bien no estaba en el orden del día de la reunión, los consejeros han puesto encima de la mesa el problema del aumento de las llegadas de los menores extranjeros no acompañados -los menas-, aunque lo abordarán en profundidad en un encuentro el próximo mes.

Gobierno y autonomías han considerado fundamental actualizar el registro -actualmente hay 8.000 menas contabilizados- porque los datos del Ejecutivo y los de las comunidades "no cuadran" y hay menores que pueden figurar en dos regiones distintas.

Además, los responsables autonómicos han reclamado que se evalúe y revise el protocolo marco de intervención de menas que se aprobó en 2014.

También la cuestión de su reparto por comunidades, un asunto que "hay que trabajar con tranquilidad" porque las hay partidarias de cupos y otras que no.

Por su parte, autonomías como la catalana han agradecido a la ministra "las buenas palabras" pero han exigido soluciones, mientras que las gobernadas por el PP la han reclamado una solución urgente a la "grave" situación que, en su opinión, vive España.

En una reunión previa a la Sectorial, los responsables 'populares' del ramo también han exigido al Gobierno que evite "la demagogia" y el "falso buenismo" en un asunto "tan sensible".

Otra comunidad, la valenciana, a través de su vicepresidenta, Mónica Oltra, ha cuestionado que sean solamente "seis comunidades en exclusiva" las que estén "absorbiendo el fenómeno migratorio" y ha pedido que "todas arrimen el hombro de forma solidaria".