La Generalitat ha afirmado que está "haciendo todo lo posible" para atender a los menores no acompañados que llegan a Cataluña y que está trabajando para poner en marcha "lo antes posible" un centro de primera acogida para que los menores no tengan que pernoctar en los juzgados.

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha respondido así a la juez decana de Barcelona, Mercè Caso, que hoy ha prohibido el uso de espacios comunes de la Ciudad de la Justicia como alojamiento temporal de menores inmigrantes sin papeles, ya que cree "inaceptable" que puedan llegar a estar 21 horas en espera y dormir en el suelo entre bancos.

En un acuerdo dictado hoy, la juez decana insta a las administraciones a que, "de manera inaplazable", se pongan en marcha los mecanismos para afrontar los trámites obligados "en condiciones de respeto y dignidad", habilitando para ello espacios "adecuados y exclusivos".

En concreto, la magistrada prohíbe el uso de la sala de espera y de cualquier otra estancia de la Ciudad de la Justicia desde las 20:00 hasta las 08:00 horas, tanto para los menores inmigrantes no acompañados como para los menores tutelados por DGAIA que hayan escapado del centro designado.

Fuentes de la DGAIA han explicado a Efe que, desde hace muchos meses, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias trabaja "para dar la mejor respuesta posible a la crisis humanitaria que estamos sufriendo".

"Compartimos la preocupación por la situación", han añadido los responsables de la DGAIA, que han recordado que en los dos últimos años han creado casi 1.300 nuevas plazas para acoger adolescentes inmigrados sin referentes familiares que han llegado a Cataluña.

"Desde el departamento -han añadido las mismas fuentes- estamos haciendo todos los esfuerzos posibles con las competencias y recursos de que disponemos para dar respuesta a esta cuestión de país".

Los responsables de la DGAIA, sin embargo, han pedido la colaboración del resto de departamentos "y la implicación y la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno español".

"Nuestra obligación, como la de cualquier gobierno, es acoger y atender a estos jóvenes pero la gestión del flujo migratorio en las costas y a nivel interno en el Estado español es obligación del Gobierno español", han añadido las mismas fuentes.

Según la DGAIA, trabajan en la puesta en marcha, "lo antes posible, del centro de primera acogida, un centro que se está gestando desde hace tiempo pero que ha costado poner en marcha, primero por la dificultad del emplazamiento y después porque el 155 también perjudicó".