La Mesa de la Profesión Enfermera -formada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería (Satse)- ha pedido al Gobierno que traspase a las comunidades autónomas los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias algo que, aseguran, debería haberse hecho en 2004.

En sendas cartas remitidas a los ministros del Interior, José Ignacio Zoido, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, la Mesa Enfermera les ha pedido que procedan al citado traspaso para su plena integración en sus respectivos servicios de salud.

En ambos escritos, remitidos a Efe, los presidentes de Satse, Manuel Cascos, y del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez, han reclamado que la transferencia y su financiación correspondiente sea acordada en el seno de un próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Han recordado que el traspaso es un mandato contenido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que debería haberse acometido en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta norma, es decir, antes del 1 de diciembre de 2004.

Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad fija que todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el Sistema Nacional de Salud.

Los responsables de la Mesa han hecho referencia también a la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, en la que se señala que "la política de salud en el medio penitenciario debería integrarse en la política nacional de salud y ser compatible con ella".

Y han recordado las "múltiples" iniciativas parlamentarias presentadas en los últimos años por diversos grupos políticos instando al Gobierno a transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades.

La última ha sido la Proposición no de ley aprobada por la Comisión de Interior el 20 de febrero de 2018, por la que se instaba al Gobierno a abrir de manera inmediata una negociación entre Interior y las comunidades para acordar las condiciones de la financiación por parte de la Administración Penitenciaria de la atención sanitaria prestada por los servicios autonómicos de salud a la población reclusa.

La Mesa de la Profesión Enfermera ha lamentado el retraso del citado traspaso y espera que el PP asuma su compromiso de impulsar la transferencia de la sanidad penitenciaria.

Desde la Mesa se insiste en la necesidad de la transferencia de la sanidad penitenciaria para conseguir la equidad y normalización de la prestación sanitaria a los internos y que, de manera paralela, se mejoren las condiciones laborales y profesionales de las enfermeras y enfermeros que trabajan en los centros penitenciarios.

Sólo en Euskadi y Cataluña se ha hecho efectivo el traspaso, han recordado.