Encarni acudió hace un año a un dentista para arreglarse la boca. El presupuesto fue de treinta mil euros. Con su pensión no le llegaba, así que acudió a iDental. Allí se lo dejaban en cuatro mil euros pagando 150 euros todos los meses durante tres años. No se lo pensó. Se arreglaría la boca aunque ello supusiera falsear sus datos. Un año después, iDental ha cerrado y ella se ha quedado con las encías empantanadas: solo se le ven los tornillos, no tiene dientes. Además, ha asumido una deuda con la financiera que no quiere pagar. “No tengo boca, no tengo nada, no voy a pagarles mientras que no me lo solucionen”. La desesperación de miles de personas engañadas por esta red de clínicas dentales que proponía a precios lowcost tratamientos caros y complicados se ha llevado por delante a más de 300.000 pacientes en toda España. Puede ser el fraude sanitario más importante de los últimos 40 años. 

El Ministerio de Sanidad ha remitido a la Fiscalía General del Estado toda la documentación de la que dispone sobre este asunto para que estudie si se ha producido un “ilícito penal”. Este movimiento del gobierno se produce después de la reunión el pasado miércoles del equipo de Carmen Montón con responsables de algunas asociaciones y plataformas de afectados en toda España.

Una de las reclamaciones que más repiten los afectados es poder disponer de sus historiales clínicos, para conocer los tratamientos que se les han realizado y en qué circunstancias se hizo, para comprobar si realmente hubo negligencia. Y es que los pacientes así lo sospechan. La mayoría se plantea si de verdad eran sanitarios autorizados los que los atendían e incluso si el material estaba desinfectado. Muchos se están haciendo las pruebas de VIH y hepatitis para ver si dan positivo.

Esta intervención que la ministra Carmen Montón ha definido de rápida y contundente, no convence a todos. Son tramitaciones judiciales muy largas y la solución no pasa por este movimiento del Ministerio sino por algo más amplio. Desde ADAFI, su presidente Francisco Javier Camacho cree que lo mejor es que se active el artículo 91 de la Ley de Sanidad, creado para emergencias sanitarias: “Que el ministerio se haga cargo de nuestra situación”. Este artículo implicaría que la Sanidad pública asume los tratamientos de manera gratuita. Sanidad, dicen desde ADAFI, “debería tomar medidas para facilitarnos las peritaciones gratuitas, incluso necesitamos justicia gratuita, y hemos pedido un censo nacional para saber la cifra exacta de afectados”. El peritaje consiste en que un perito dental determine caso por caso cuales son los daños que han sufrido los pacientes. Las secuelas son tremendas en muchos de Ellos porque como Camacho recuerda “Nos han puesto materiales provisionales de resina, que no duran ni tres años, los daños van a ir saliendo año tras año y esto es un procedimiento que puede ser eterno”.

ANULA LOS CRÉDITOS 

Con la mandíbula desplazada, problemas para respirar, con la boca a medio hacer, con piezas que se rompen, con problemas psicológicos, depresiones, bajas laborales... ADAFI tiene en su haber conocimiento de diez mil denuncias. Pero hay más. El ministerio ha remitido a la Fiscalía las reclamaciones de los pacientes realizadas en las oficinas de consumo de las Comunidades autónomas. Jesús María Fernández, diputado del PSOE por Navarra, ha estado en las reuniones entre afectados y el Ministerio, apoyando las reclamaciones e intentando buscar soluciones: “Hemos intentado mediar con las financieras de los bancos. Por un lado para que no se ejecuten los créditos y no sigan pagando por tratamientos que no se han realizado, y por otro para que los bancos lleguen a acuerdos con otras clínicas que se hagan cargo de los pacientes”. De esto último Encarni no se fía: “¿Cómo sé que me lo van a hacer bien? Si me han engañado de esta manera, no me fío”. La ministra Montón no ha dicho cómo hacerlo, pero ha insistido en que las financieras deben anular los créditos que han firmado porque el servicio ya no existe. Para tener acceso a esos créditos se falsificaron los datos personales de muchos de ellos. 

Los peritajes gratuitos que piden las asociaciones supondrían un gasto de miles de millones para la sanidad española. Para esos peritajes es necesario tener acceso a los expedientes médicos que en la mayoría de los casos están en las clínicas a expensas incluso de desaparecer, como denuncian las asociaciones, sin que quede rastro de ninguno. En algunas comunidades autónomas las Consejerías de Sanidad se han hecho cargo de la custodia de los expedientes a petición de los jueces. Fuentes consultadas aseguran que por ley sería posible que todas ellas intervinieran sin necesidad de orden judicial puesto que tienen capacidad administrativa para ejecutarlo. Los afectados, más de 300.000 en toda España tienen un largo camino por delante, no tienen esperanza. Esto no ha hecho nada más que empezar.