Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han celebrado hoy que el Ministerio del Interior quiera retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, pero también pretenden que pare las devoluciones en caliente y garantice el acceso al procedimiento de asilo.

La responsable de Investigación y Política Interior de Amnistía, Verónica Barroso, ha señalado a Efe que confía en que el anuncio del ministro Fernando Grande-Marlaska no sea "una declaración pública sin más" y que la ponga en marcha "lo antes posible".

Y ha considerado que esta medida debe ir acompañada de otras que garanticen el acceso individualizado al procedimiento de asilo en la frontera sur, vetado especialmente a las personas subsaharianas, denuncia la organización de derechos humanos.

Grande-Marlaska también se ha referido a los ocupantes del buque Aquarius asegurando que recibirán el mismo tratamiento que se da a los inmigrantes que llegan en pateras a nuestro país a través de Argelia o Marruecos.

Sobre ello, Barroso ha indicado que AI se ha dirigido por carta a la Dirección General de la Policía para que informe "de cómo van a ser las identificaciones y cómo se van a tramitar los expedientes" de aquellos que pidan protección internacional.

También se han dirigido a la directora de Inclusión Social de la Comunidad Valenciana, Inmaculada Carda, para que aclare dónde se van a derivar a aquellas personas que no tengan derecho a pedir asilo o protección y "qué tipo de medidas se van a adoptar" con ellos.

Mientras, la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, también ha aplaudido la retirada de las concertinas y ha urgido al ministro a que los nuevos medios que vayan a sustituirlas "sean respetuosos con los derechos humanos y la integridad física de las personas".

Galán ha reclamado además que las oficinas de Ceuta y Melilla "funcionen realmente" garantizando que las personas de origen subsahariano puedan acceder a ellas.

Asimismo, Cear aguarda a el anuncio de que cumpla el compromiso socialista de derogar la disposición adicional segunda de la ley de seguridad ciudadana, que trataba de regularizar las devoluciones en caliente.

El "gesto definitivo", ha añadido, sería la retirada del recurso que presentó España ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España por las devoluciones en caliente, un hecho que "en un Estado de derecho no se pueden volver a producir".