El problema de la falta de personal médico en el servicio sanitario de Castilla-La Mancha, concretamente en el área de Ginecología del Hospital Santa Bárbara de Puertollano, se está solucionando con la contratación de médicos extracomunitarios. Tres venezolanos, que cumplen con los requisitos mínimos, aunque con «carencias quirúrgicas» y con la especialidad sin homologar. Por esta razón han sido contratados como médicos generales adscritos a ginecología. Y una argentina que no cumple estos requisitos.

El peligro que ello supone para la salud, y la posibilidad de que un mal diagnóstico tenga graves consecuencias para los ciudadanos, ha llevado al jefe del servicio de Ginecología a poner en conocimiento de la autoridad judicial esta situación. Con ello, trata de que no le imputen responsabilidades, en caso de negligencia médica.

Desde el Servicio de Salud de esta Comunidad, el director general de Recursos Humanos, Íñigo Cortázar, confirmó a ABC que estos médicos no cuentan con la homologación de la especialidad. Por ello, afirma, no han sido «nombrados en la categoría estatutaria de facultativo especialista del área en Ginecología», sino simplemente como laborales. Solo «realizan labores complementarias al servicio de ginecología».

«Irregularidades»

En cualquier caso, subraya que, «en el supuesto de que se detecte alguna irregularidad, nosotros actuaremos. Pero, en el que nos ocupa, no se ha detectado a día de hoy».

Esta justificación del Gobierno del socialista Emiliano García-Page dista mucho de los argumentos que utiliza en su denuncia judicial el jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología de este centro hospitalario, Agustín Luque Mialdea.

En el documento presentado el pasado día 11 ante el Juzgado de Puertollano, al que ha tenido acceso ABC, describe una situación muy diferente y advierte de que no tiene ninguna responsabilidad «de errores o daños», que se puedan producir, como consecuencia de esta falta de preparación. Ya con anterioridad, en una carta enviada el 22 de diciembre de 2017 al director gerente de este hospital, calificó de «lamentable» la situación y declinó la «responsabilidad de lo que ocurra, con la actuación de los nuevos facultativos».

Sin formación quirúrgica

El responsable de este servicio se refiere en su denuncia a la contratación de tres facultativos venezolanos «especialistas en Obstetricia y Ginecología» y a una argentina. En relación a los tres primeros, Luque Mialdea, en su carta de 22 de diciembre de 2017, había advertido de que «presentan graves deficiencias en su formación quirúrgica, hecho relevante, fundamentalmente, en el curso de las guardias». Por lo tanto, «la contratación es claramente ilegal» y «suya será la responsabilidad de lo que ocurra a los pacientes que usted, y no yo, consiente que las trate».

Tras detectar estas «deficiencias», el responsable del servicio comunicó al gerente del hospital que, «al no tener homologado su título de especialistas», había tomado una serie de decisiones sobre su trabajo. Desde ese momento, «no realizarán actividad quirúrgicaprogramada como primer cirujano», «se modifican las guardias para que estén acompañados del segundo de guardia», y se intentará evitar que estén juntos. En este sentido, precisa que, si por alguna causa, no pudiera ser así, otros médicos «y yo mismo estaremos dispuestos a acudir al hospital, en el caso de alguna urgencia quirúrgica».

«No cumple los requisitos»

Sobre la doctora argentina, Luque Mialdea recuerda en la denuncia ante el juez que el 13 de noviembre de 2011 aconsejó su «No contratación» al director gerente. En la entrevista de trabajo previa a su contratación, declaró «su ausencia de cualificación quirúrgica, para la realización de partos instrumentales y para la práctica de ecografías obstétricas, ni ginecológicas». Ante estas «deficiencias», desaconsejó su contratación, ya que «no cumple con los mínimos exigidos por el Ministerio de Sanidad, ni por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia».

Sin embargo, a pesar de que es «preceptivo el informe favorable del jefe del servicio» para la contratación de cualquier persona, se contrata «a dicha facultativa y le dispone una consulta en el centro de salud 4 de Puertollano, sin contar con nosotros y sin importarle los riesgos que para la población, dicha práctica, supone», subraya la denuncia.

Al no saber hacer ecografías ginecológicas, el denunciante señala que éstas se derivarán al servicio de radiología, sin tener en cuenta que dicho servicio no cuenta con los medios necesarios, ecografía endovaginal, ni el hábito para la realización de estudios ginecológicos«». El resultado es que «el diagnóstico de la patología ovárica o endometrial, por ejemplo cáncer de endometrio o de ovario, son imposibles de realizar».

A la vista de estos hechos, Agustín Luque finaliza su denuncia afirmado que «nos encontramos con la situación de que una serie de pacientes ginecológicos van a ser mal diagnosticados, con riesgo para su salud, debido a la mala formación de la doctora encargada de la consulta y con la responsabilidad del director gerente, y del director médico, que son los que organizan dicha consulta».

«Opinión indocumentada»

El jefe del servicio de Ginecología del Hospital de Puertollano llega a poner en conocimiento del director gerente del centro el resultado de algunas consultas realizadas por la doctora argentina: «En el centro de salud número 4, por ejemplo, a una paciente de 48 años menopáusica, es vista únicamente con un tacto bimanual, y se la cita al año sin ver endometrio, ni ovarios, en un acto que denuncio como claramente negligente».

Igualmente, este responsable médico hace referencia a la opinión del director médico sobre las consultas, cuando afirmó que en Ginecología «no se ven nada más que cuatro picores», calificándola de «indocumentada».