Valencia, 12 jun (EFE). - La Comunitat Valenciana va a aumentar el número de traductores, de forenses y de personal al servicio de la Fiscalía para atender las necesidades jurídicas de los migrantes del barco Aquarius cuando desembarquen en el puerto de Valencia.

Así lo ha señalado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien ha considerado que a quienes que viajan a bordo de este barco se les podría aplicar la figura de "refugiados de prima facie", que se aplica en el caso de salidas masivas de países de personas cuya vida corre grave riesgo por guerras o catástrofes naturales.

Bravo ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con representantes judiciales, de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia, el Colegio de Abogados, el Instituto de Medicina Legal y la Abogacía para coordinar los medios necesarios para defender los derechos de esas personas migrantes.

La consellera ha recordado que el barco viajan 123 menores no acompañados, que requieren de medias especiales de protección que son competencia de la Fiscalía de Menores, la cual ha solicitado disponer de más fiscales y de más personal para poder atenderles.

En los supuestos en que haya dudas sobre la edad, habrá que llevar a cabo "de forma rápida y eficaz" pruebas radiológicas por parte del Instituto de Medicina Legal de València, donde se va a crear un servicio de guardia especial con el fin de atenderles, ha indicado Bravo.

Además, como también viajan a bordo madres con niños que no cuentan con documentación que acredite el parentesco, se va a reforzar el número de forenses en genética, para que lleven a cabo las pruebas de ADN que acrediten la relación materno-filial.

Bravo ha explicado que todas esas personas tienen derecho a una primera asistencia jurídica asistidas de intérprete, para conocer sus derechos y en qué situación se encuentran, por lo que se aumentará el número de intérpretes que acompañarán a profesionales formados en materia de refugio y asilo, de los que hay 645 en la Comunitat.

Esas entrevistas permitirán detectar si hay casos de tráfico de personas o de trata de seres humanos, y en ese caso, se pondrían en marcha protocolos específicos, para lo cual contarán también con la colaboración de las 60 personas que están al frente de las Oficinas de atención a las víctimas del delito.

Respecto a la consideración jurídica que tendrán estos inmigrantes, la consellera ha indicado que la normativa en derecho de asilo contempla la protección internacional subsidiaria para la entrada masiva de personas que huyen de su país porque está en guerra o por catástrofes naturales.

Ha añadido que, en esos casos, en el momento en que entran a un país ya tienen derecho a solicitar el asilo, y si se les concede, tienen además la categoría de refugiados, que en el caso de salidas masivas por riesgo para su vida se consideran "refugiados prima facie" y no es necesario acreditarlo.