El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido al Defensor del Pueblo que investigue si las administraciones están discriminando por razón de edad y discapacidad en el acceso a los servicios y prestaciones sociales.

El Cermi, que agrupa a las principales organizaciones de la discapacidad, reclama a la institución una "investigación exhaustiva" para detectar y erradicar las normativas y prácticas de los servicios sociales de las comunidades autónomas y del Imserso.

Explica que el Tribunal Constitucional declaró doblemente discriminatoria por razón de edad y discapacidad y anticonstitucional la regulación de la Comunidad de Madrid que impedía a una persona con discapacidad a acceder a un servicio social de residencia por superar determinada edad, cuando este era el más indicado a su situación y preferencias.

"El Cermi ha comprobado que otras muchas administraciones sociales siguen manteniendo normativas similares, sin que el categórico pronunciamiento del Tribunal Constitucional las haya inducido a cambiar ese régimen jurídico discriminatorio", añade.

Las organizaciones de la discapacidad señalan que "el criterio de la edad en ningún caso puede operar en contra de los derechos de las personas con discapacidad a recibir unos servicios y apoyos de carácter social adecuados a sus elecciones vitales y a su situación y circunstancias individuales".

Por ello, reclaman la reforma urgente de esas normativas autonómicas y estatal que consientan esa discriminación.