La Justicia no da votos, y algunos jueces y fiscales dicen que tampoco los quita. Se quejan de que los políticos no se ocupen lo necesario. Están convencidos de que no le importa a nadie, jueces y fiscales no son ni un problema ni una preocupación para la sociedad. Lo reflejan las encuestas, y los políticos lo tienen en cuenta. Hoy comienzan una serie de movilizaciones con amenaza de huelga para el 22 de mayo si no llegan a un acuerdo. Movilizaciones conjuntas de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales en un momento en el que mucha gente ha decidido salir a la calle. Ni son señoritos ni se quejan de vicio, comentan a COPE. No piden más sueldo, aunque también, lo que piden al Gobierno, y al Parlamento, es una serie de reformas económicas y legislativas porque con parches no se puede funcionar. La Justicia tiene muchas goteras y son muchos los años de desatención. Así lo expresa a COPE el Portavoz de la APM, Celso Rodríguez. Es necesario un Pacto de Estado, pero un pacto de verdad. No hay voluntad política, y no pueden depender de los pactos puntuales parlamentarios que luego se rompen.

Cuando los Presupuestos entren en vigor será para pocos meses y será otro año perdido, destacan las asociaciones. Cuando había bonanza económica no recibieron nada y siguen trabajando en el siglo XIX. “Con el sistema que tenemos la Justicia tiene que ser lenta. Todo se puede recurrir, y deberíamos aprender de algunos países de nuestro entorno y hacer una reforma en serio”, señala Celso Rodríguez. El Gobierno es consciente y ahí está la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Fuentes de Justicia señalan a COPE que la LECrim hace aguas y no es coherente con el resto de Europa. Debería estar cerrada en verano y tramitarse en 2019. Tiene que salir en esta legislatura, “y si algún partido político no lo ve, que lo diga”.

Las asociaciones de jueces y fiscales destacan que las relaciones con el Ministerio de Justicia son buenas, hay buena disposición y buena intención de Rafael Catalá y su equipo. Algo se avanza, pero se recurre a lo de siempre, a Hacienda, a Montoro, que es quien paga, y no hay dinero. Pero no sólo es la cuestión económica, insiste Raimundo Prado, Portavoz de la asociación Francisco de Vitoria. Necesitan infraestructura y la Justicia es la gran desconocida para el ciudadano, sólo tiene conocimiento cuando tiene que acudir a ella. Y no es lo mismo la Justicia ordinaria que los casos mediáticos del Supremo o la Audiencia Nacional. Quieren que se conozca la auténtica situación de un juez de primera instancia.

También reivindican un cambio en el CGPJ. Como le queda poco tiempo, ahora quiere quedar bien, dice Prado, y en las últimas fechas les ha escuchado. Pero en estos cinco años no se ha ocupado de los problemas de los jueces. Y exigen menos politización en el Consejo, que los jueces puedan elegir a los vocales.

El Portavoz de la APM, Celso Rodriguez, destaca el papel de la Justicia. Ha sido la Justicia quien ha resuelto un problema que la Política no ha sabido solucionar en muchos años, el problema más importante de España en los últimos tiempos, como es el Procés. Y ha intervenido ante la comisión de delitos. Jueces y fiscales son quienes más defienden el Estado de Derecho y también los últimos en recibir la atención de los partidos políticos, manifiesta Celso Rodríguez.

Con sus reivindicaciones diversas y, sobre todo, con la amenaza de huelga se vuelve a debatir si un poder del Estado tiene derecho a una huelga. No está regulado, como tampoco lo está el derecho a la huelga de un parlamentario, de los políticos. Y nadie se ha pronunciado. Ni siquiera el CGPJ con las anteriores huelgas lo dejó resuelto. Tampoco el legislador. Y tal y como está la Justicia, manifiestan, un día de huelga no se va a notar.

Para el Ministerio de Justicia, gran parte de las reivindicaciones de jueces y fiscales tienen respuesta con los presupuestos presentados. Cerca de 2.000 millones de euros, más de un 3% que el año pasado. El 78% se destinará a gastos de personal y a la profesionalización, con nuevas plazas, 300 para jueces y fiscales y 3.759 para distintos Cuerpos de la Administración de Justicia.

Rafael Catalá considera que si jueces y fiscales consiguen el 70% de sus peticiones “hay causa suficiente para abandonar el conflicto”, y espera que no haga falta llegar a la huelga. Y mientras jueces y fiscales tienen un calendario de movilizaciones Catalá y su equipo siguen dialogando y negociando con ellos. La próxima reunión el 16 de abril.