La Policía Nacional está llevando a cabo una macrooperación en numerosos ayuntamientos de Madrid, Cataluña, Asturias, Aragón y Castilla y León gobernados por PP, PSOE y Cs para investigar posibles amaños del grupo Sacyr en la contratación de servicios para la regulación del tráfico y gestión de multas. 

La trama corrupta manipulaba los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, entre las detenciones que se prevén  en la operación figuran alcaldes y gerentes de ayuntamientos dirigidos por diferentes partidos como Ciudadanos, PP y PSOE, así como jefes de la Policía Local de varios municipios.

Los hechos a los que se refiere la investigación, coordinada por el juzgado 2 de Badalona pero que también investiga otro juzgado de León, se remontan a los años 2012 y 2013, cuando, según las fuentes, se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr.

Esta empresa, que pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales, comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos.

Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.

Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Fuentes cercanas a las investigaciones han explicado que las pesquisas se iniciaron en este juzgado y se extendieron después a municipios de otras provincias españolas, en relación con una trama que presuntamente manipuló licitaciones en ayuntamientos para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado.