El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha subrayado hoy que su sindicato "ni ha participado, ni participa, ni participará del criterio de que en España hay presos políticos", pero ha defendido el derecho de esta organización a discrepar de las decisiones judiciales. "En un país democrático como el nuestro no se puede decir que hay presos políticos", ha sentenciado Álvarez, a preguntas de los periodistas en Santander sobre la participación de UGT en la manifestación del pasado domingo en Barcelona para pedir la libertad de los presos soberanistas encarcelados.

Sobre la decisión de participar en la protesta, el secretario general de UGT ha asegurado que en el sindicato en Cataluña "no hay ninguna fractura", sino que dos organizaciones han emitido su opinión, lo que considera "razonable" como reflejo de una sociedad "dividida" como la catalana. Sin embargo, ha apuntado que esa decisión no ha supuesto hasta el momento movimientos internos para remover cargos dentro del sindicato en Cataluña, lo que tampoco tiene previsión de que "vaya a ocurrir en los próximos días", ni "bajas significativas" de afiliados. "Nuestros afiliados se sienten más incómodos por lo que se publica, que por lo que dice la organización", ha opinado Álvarez, quien ha denunciado que se ha "mentido" sobre esa participación, que pretendía, según ha incidido, discrepar con las decisiones judiciales.

En este sentido, ha opinado que "la Justicia no es más Justicia por que se exprese con más radicalidad" y ha alegado que UGT considera que las personas que están en prisión preventiva podrían "estar en su casa" preparando el juicio. "Eso no es calificarlos de presos políticos, eso no es pedir la libertad para los presos. Eso es sencillamente, en un proceso judicial situar cuál es nuestra posición", ha resumido.

El secretario general de UGT ha defendido, además, que la intención del sindicato en esa manifestación era pedir que se abra un proceso para la "normalización" a partir de la mayoría que hay en el Parlamento de Cataluña, para constituir un Gobierno "estatutario y constitucional".

De esta forma, Álvarez espera que se inicie un proceso de diálogo entre los gobierno de España y Cataluña "a partir de la legalidad", para lo que ha señalado que el sindicato quiere ejercer el papel de "puente", siendo "plenamente consciente de que iba a ser criticado", aunque cree que los afiliados "lo han entendido".