Hasta ahora el Gobierno había asumido, en cierta manera, que la impugnación de la investidura de Puigdemont iba a ser a posteriori, porque no iba a dar tiempo a recurrir antes de que el parlament votara. No se puede, decían, ir contra la mera designación de un candidato, tiene que haber una decisión administrativa que permita acudir al Constitucional y eludir así el riesgo de que te “tumben” el recurso.

Pero el Ejecutivo ha ido más allá, y ha encontrado la manera de recurrir al TC antes de que los indepependentistas escenifiquen un nuevo número en el parlament. El Gobierno entiende que Puigdemont tiene su capacidad de movimientos limitada y, por ello, no puede ser candidato. El recurso que, previsiblemente presentaran mañana si llega a tiempo el informe positivo del Consejo de Estado solicitado hoy, pedirá al Constitucional la suspensión de esa designación, con lo que a la cámara autonómica solo le quedarán dos opciones: desoír al TC, lo que podría llevar a la imputación de la nueva Mesa del parlament, o presentar a otro candidato. Asi pues, el Ejecutivo estrecha el cerco contra el ex-president y anula así su posibilidad de repetir como inquilino en la Generalitat.

El Gobierno se anticipa además a futuras maniobras de los soberanistas y pregunta ya por anticipado al Consejo de Estado si es posible o no una investidura no presencial y el voto delegado de los diputados fugados, y pregunta, además, si sería procedente acudir al Constitucional en caso de responder de manera negativa a las dos cuestiones.

Otro aspecto llamativo de lo ocurrido hoy es que el Gobierno ha informado de estas medidas a “los grupos que se habían interesado por lo que iba a hacer el Ejecutivo”,según la vicepresidenta, es decir, el PSC, el PSOE (Rajoy habló con Pedro Sánchez) y el PP, pero no a Ciudadanos, su socio de investidura, y es que en Moncloa empiezan a estar hartos de que Rivera quiera capitalizar todo lo que hace Rajoy y critique a diario, con o sin razón, apuntan, lo que hace el Gobierno