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Los puntos polémicos de la resolución pactada por JxCat y la CUP

Considera que el Parlament debe «activar de manera inmediata» todas las leyes aprobadas la legislatura pasada y que fueron suspendidas por el Constitucional

Los puntos polémicos de la resolución pactada por JxCat y la CUP

AGENCIAS

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 27 ago 2018

JxCat y la CUP han sacado adelante una propuesta de resolución sobre la "restitución de las instituciones catalanas", en la que se avala la legitimidad de Carles Puigdemont como candidato a ser reelegido president pero se evita reafirmar la declaración unilateral de independencia (DUI).

JxCat había presentado un texto que avalaba ERC pero que inicialmente rechazaba la CUP al considerarlo demasiado tímido, por lo que los anticapitalistas presentaron enmiendas, entre ellas una que planteaba "reafirmar" la declaración de independencia aprobada por el Parlament el pasado 27 de octubre. Finalmente, tras las negociaciones de ayer por la tarde, JxCat y la CUP acordaron un texto que incorpora algunas modificaciones sugeridas por la CUP pero que deja a un lado la polémica enmienda que validaba la proclamación de la independencia y que, por este motivo, amenazaba con comprometer judicialmente a los soberanistas. Pese a todo, desde la CUP han querido dejar claro que no es que ellos hayan retirado la enmienda relativa a la DUI, sino que ha sido el grupo de Puigdemont el que no la ha aceptado. A través de Twitter, los anticapitalistas han asegurado que la mantienen aunque no se llevara a votación finalmente.

Pero la resolución mantiene todavía puntos comprometidos. El punto 2 indica que el Parlament «constata que las elecciones del 21 de diciembre han ratificado la mayoría favorable a las fuerzas independentistas, esto es, a las formaciones políticas favorables a una acción republicana de gobierno y a la constitución de Cataluña en un Estado independiente en forma de república». En esta línea, el punto 6 de la propuesta de resolución, acordada por los dos grupos anoche y dado a conocer esta misma mañana, indica que el Parlament debe «activar de manera inmediata» todas las leyes (en todas las áreas) aprobadas la legislatura pasada y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional. Según diversos expertos, esto puede contravenir las resoluciones y advertencias del TC firmadas en la anterior legislatura, que hacían mención expresa a la obligación de los miembros de la Mesa a impedir que se aprobaran textos en contra de la Constitución.

La propuesta de resolución registrada por los independentistas manifiesta a su vez el "rechazo más absoluto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución", con la que se han "vulnerado los derechos fundamentales de los catalanes" y "restringido las facultades de soberanía de sus instituciones legítimas", por lo que se pide "poner fin" inmediatamente a su vigencia. Otro de los párrafos añadidos a instancias de la CUP denuncia la "represión generalizada del Estado español sobre el movimiento republicano catalán", que sufre "la prisión, el exilio y todo tipo de medidas penales injustas y antidemocráticas". También denuncia la "deriva autoritaria y antidemocrática del Estado español", así como las "presiones e injerencias" del Gobierno de Mariano Rajoy al Tribunal Constitucional para vetar la investidura de Puigdemont.

La resolución mantiene el redactado original de JxCat en lo que se refiere a denunciar la "destitución ilegal e ilegítima" de Puigdemont y se proclama la voluntad y el compromiso de restaurar la institución de la presidencia de la Generalitat. Puigdemont, subraya el texto, "sigue contando con la mayoría parlamentaria suficiente" para poderle "ratificar la confianza como presidente", por lo que las fuerzas independentistas exigen que el Gobierno del Estado "cese las injerencias" sobre las instancias judiciales para impedir que se materialice la voluntad democrática "legítimamente expresada en el referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre". Se apuesta por activar desde el Parlament "todos los instrumentos y procedimientos" para garantizar los "derechos civiles y políticos de todos" sus diputados y "restablecer todas las instituciones" catalanas, "comenzando por la presidencia" de la Generalitat. 

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