La jueza de Primera Instancia número 11 de Madrid ha aplazado hoy el juicio de la demanda de seis miembros de Podemos de Extremadura contra el partido por su decisión de expulsarles de la formación. La magistrada ha tomado esta decisión al no comparecer la diputada de Podemos Gloria Elizo, que estaba citada como testigo. De esta forma, la jueza ha estimado la petición del abogado de los demandantes, Guillermo Pérez-Reyes.

La abogada de Podemos se ha opuesto al aplazamiento al entender que el testimonio de Gloria Elizo, que no ha comparecido al estar en el Pleno del Congreso, no era imprescindible ya que había otros testigos. Pero el letrado de los demandantes ha alegado que su presencia es necesaria ya que "es la principal responsable de este tinglado y tiene que reconocer documentos".

El abogado de los demandantes también ha expresado su queja por el hecho de que no haya comparecido como demandado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cuando, según ha alegado, así lo acordó el Juzgado en la vista previa celebrada el pasado 19 de junio. Mientras que la defensa de Podemos estima que es dicha audiencia previa no se acordó que tuviera que ser Pablo Iglesias en persona el que compareciera como demandado.

Por su parte, la jueza ha comentado que Podemos sabrá a quien envía a la vista y en su momento se decidirá si ante una posible incomparecencia de Pablo Iglesias se le puede dar por "confeso" de lo denunciado en la demanda.

En la vista previa, la jueza admitió que Iglesias fuera a declarar y rechazó el argumento de Podemos de que su secretario general. Pero, según Podemos, esta decisión contraviene la ley y vulnera sus derechos, de modo que, "como siempre se ha hecho", ha asistido Fernández "por haber formado parte de la Comisión de Garantías cuando se produjeron los hechos y por ser apoderado del partido en estos momentos". Una petición que los demandantes rechazan por ser autor material de las resoluciones en cuestión y marido de la diputada Gloria Elizo, citada como testigo en el juicio junto a otros cinco miembros de Podemos.

El abogado de los expulsados se opuso a que fuera esta persona el representante legal en el juicio e insistió en llamar a Iglesias porque "no solo tiene conocimiento sino responsabilidad" pues la Comisión de Garantías -organismo que acreditó la expulsión- "tiene objetivos políticos".

El origen del procedimiento se remonta a la expulsión de los seis demandantes, junto a otras cinco más, por el Comité de Garantías Democráticas Estatal ante las "acusaciones falsas y ataques a diferentes órganos de Podemos" hechos durante una rueda de prensa ofrecida en Mérida el 27 de julio de 2016, en la que facilitaron información reservada y comunicaciones internas.

Tras solicitar sin éxito al partido la notificación en papel de la resolución del 24 de enero de 2017 referida al expediente disciplinario, los seis expulsados demandaron a Podemos al afirmar que esa decisión no se les notificó y que fue adoptada en contra del Estatuto del partido y del Reglamento de la Comisión de garantías, lo que vulnera sus derechos fundamentales.

Así, el procedimiento trata de resolver sobre si se ha procedido a expulsar a estas seis personas de Podemos conforme la normativa (ley, estatutos y reglamentos del partido) en plazos y trámites, es decir, si se ha hecho de forma correcta.

Podemos entregó al juzgado el expediente disciplinario y luego un escrito en el que respondía a las acusaciones de los demandantes de que no estaba completo, alegando que "contiene todos los documentos que han sido objeto de tramitación por parte de la Comisión de Garantías Democráticas estatal, y por ello debe considerarse completo y ajustado a las normas internas disciplinarias".