El Gobierno ha emplazado hoy a la Mesa del Parlament a abrir una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas catalanas para buscar una solución a la situación política en Cataluña, y proponer un candidato que pueda ser investido president, condición en la que no está Carles Puigdemont. Así lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha considerado que los mensajes en los que Puigdemont reconocía que el proceso "ha terminado" son "muy reveladores" de la situación en la que se encuentran las fuerzas independentistas. Para Méndez de Vigo, los sms de Puigdemont contrastan con el mensaje público del expresident en el que seguía "exhortando" a continuar vulnerando la ley y las decisiones del Tribunal Constitucional, lo que deja claro la "diferencia" entre su actuación y "lo que piensa".

El ministro ha pedido "responsabilidad" y "cordura" para dejar atrás la "desobediencia" y el "unilateralismo", y ha insistido en que una vez que, "en palabras del propio Puigdemont", todo "ha terminado", lo lógico es abrir una ronda de consultas con las fuerzas políticas para proponer otro candidato. Algo que, a su juicio, "está en manos" del presidente del Parlament, Roger Torrent, que debe buscar un candidato a la Presidencia de la Generalitat que "no tenga cuentas con la Justicia" y conformar un Gobierno que dé estabilidad a Cataluña.

Entre esos contactos políticos, considera "lógico" que Ciudadanos, que es la fuerza que ha ganado las elecciones, hable con otros partidos, como Unidos Podemos. El ministro entiende que si Cs va a entablar conversaciones con Podemos para impulsar una reforma electoral, sería "lógico" que hablaran también para buscar una solución en Cataluña que permita salir del "bloqueo".

Asimismo, ha hecho hincapié en que, gracias al recurso que presentó el Gobierno, el Tribunal Constitucional ya ha aclarado que no es posible investir a un candidato de forma no presencial o telemática, y ha recalcado que es la Mesa del Parlament la que debe "buscar otra solución". "Porque si no será la Mesa del Parlament" la que estará bloqueando la situación, ha avisado.

El portavoz del Ejecutivo ha confirmado que el Gobierno no ha respondido a la carta que Torrent envió al presidente Mariano Rajoy, en la que pedía abrir un "diálogo sincero", pero ha dicho que la respuesta es la que hoy estaba trasladando tras el Consejo de Ministros. Sobre la situación de Puigdemont ha reiterado que es una persona "fugada", un huido de la Justicia, y que si vuelve a España tendrá que pasar a disposición judicial.

En cualquier caso, su "sensación" es que Puigdemont "no tiene previsto volver" como apunta que haya podido alquilar una casa en Waterloo, escenario -ha rememorado- del final del imperio de los mil días de Napoleón. "Tengo la sensación de que se va a quedar ahí" y de que "esa investidura es simplemente imposible", ha enfatizado.

El ministro no ha querido aventurar los posibles plazos que existen para investir un candidato, ha dicho que el Gobierno se atendrá a lo que digan los letrados del Parlament, y ha negado que Cataluña esté abocada a una repetición electoral. Lo que sí cree necesario es "poner los medios para recuperar la normalidad institucional en Cataluña" y el primer paso, ha repetido, es que Torrent reúna a los grupos parlamentarios y proponga otro candidato.

Para Méndez de Vigo, la propuesta del dirigente de ERC Oriol Junqueras de que exista una presidencia ejecutiva y otra simbólica, que podría ejercer Puigdemont, "no tiene ningún viso de realidad". En su opinión, lo único que tiene que hacer Puigdemont es ponerse a disposición de la justicia. "No cabe otro reconocimiento", ha enfatizado. Lo que no ha comentado es el auto del juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum del 1-O, que cree "evidente" que "todo o parte" de la consulta se pagó con créditos obtenidos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Sólo ha recordado que el FLA está orientado al "pago de determinadas facturas con procedimientos muy rígidos y estrictos" y que el Ejecutivo no conoce los indicios o pruebas que pueda tener el juez