La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a citar como testigo a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el juicio de la pieza política del caso ERE contra sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a que se les pueda acusar a estos de asociación ilícita, ambas peticiones del PP andaluz.

En la jornada de este lunes, las acusaciones y defensas en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta han replicado a las cuestiones previas planteadas por la parte contraria la semana pasada, tras lo cual el tribunal ha suspendido la vista hasta el 12 de febrero para estudiar todas las peticiones.

La semana pasada, la acusación popular del PP pidió incluir 31 nuevos testigos, entre ellos Susana Díaz, su vicepresidente Manuel Jiménez Barrios; y la exconsejera y actual senadora Mar Moreno, que fue investigada en la causa pero el Supremo la archivó para ella.

La semana pasada, la acusación popular del PP pidió incluir 31 nuevos testigos, entre ellos Susana Díaz

En el caso de Díaz, el PP justificó que testifique por su "amplio conocimiento de los hechos" mostrado en sus comparecencias públicas, así como porque durante su mandato como consejera de la Presidencia (de junio de 2012 a septiembre de 2013) era la responsable del Gabinete Jurídico y en esa época se dictó el decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral "que vino a convalidar en parte las subvenciones otorgadas".

Sin embargo, la Fiscalía considera que "no procede" que Díaz testifique porque el decreto era competencia de la Consejería de Empleo y porque el gabinete jurídico dependió de ella en fecha posterior a los hechos que se juzgan.

También porque respecto a los servicios jurídicos de la Junta, la Fiscalía ha impugnado expresamente que testifiquen sus abogados, que se personaron como acusación particular aunque luego pidieron el archivo reservándose la petición de responsabilidades civiles.

Por contra, sí apoya que declaren Jiménez Barrios y Mar Moreno.