El Tribunal Constitucional ha resuelto a favor del Congreso el conflicto de atribuciones que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó cuando la Mesa de la Cámara Baja levantó dos vetos presupuestarios impuestos por el Ejecutivo relativos a la LOMCE y a la reforma laboral.

El Gobierno argumentó, en un conflicto de competencias presentado ante el alto tribunal en enero de 2017, que la Constitución le permite vetar cualquier proposición legislativa que altere las previsiones de gastos o ingresos de los presupuestos.

La Mesa del Congreso no aceptó esos vetos y, según ha fallado por unanimidad el Constitucional ahora, lo hizo legítimamente. La sentencia de hoy se refiere en concreto al veto relativo a la LOMCE.

El Gobierno ha recordado hoy que esta sentencia no pone en cuestión la competencia del Gobierno a oponerse a la tramitación de esas iniciativas.

Fuentes del Gobierno han subrayado que la sentencia del TC no cuestiona su derecho de acogerse a este precepto constitucional que el Ejecutivo del PP ha ejercido ya en medio centenar de ocasiones a lo largo de esta legislatura. Idea que ha repetido también el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Hernando ha destacado que lo único que arguye el Constitucional es que en el caso concreto de la reforma de la LOMCE, el veto del Gobierno no justificaba adecuadamente esa disminución o aumento de los gastos presupuestarios del ejercicio en curso.

"Nada tiene que ver con otras leyes que ha vetado el Gobierno que tienen un coste presupuestario", ha remarcado.

Precisamente, la Mesa del Congreso ha avalado hoy, con la mayoría del PP y Cs, dos vetos presentados por el Gobierno a una proposición sobre la ley de aguas y a otra sobre discapacidad, según han informado fuentes parlamentarias.