Este jueves conocíamos la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, al norte de Alemania, sobre la extradición de Carles Puigdemont. Los jueces alemanes decidieron que fuera puesto en libertad bajo fianza de 75.000 euros, descartando el delito de rebelión que no contempla la Justicia alemana.

El único equivalente en la legilslación alemana sería el de 'alta traición', pero para poder aplicarlo es necesario que exista una circunstancia de violencia que la Audiencia alemana no aprecia en el caso del expresident. Por el contrario, los jueces decidieron seguir contemplando su extradición a través de otro delito que se le imputa, el de malversación de caudales públicos.

Estos dos términos jurídicos cobran, pues, una enorme importancia para entender cómo se están desarrollando las conversaciones entre la Fiscalía alemana y la española. Vamos a realizar un pequeño repaso para ponernos al día.

Delito de rebelión: ¿qué es?

Está recogido en el artículo 472 del Código Penal. En él aparecen siete supuestos tipificados, entre los que se encuentran “derogar, suspender o modificar la Constitución”, “impedir la libre celebración de elecciones”, “destituir al rey o a la reina” o, como es el caso por el que se juzga a Carles Puigdemont, “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

¿Cuál es la pena? Aquellos que promuevan la rebelión contra la Constitución y los jefes de esta “serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo”. Además, las autoridades que no hayan resistido la rebelión serán castigadas con la pena de inhabilitación absoluta de doce a veinte años. La medida que puede tomar el Gobierno frente a la rebelión una vez se ha iniciado es la de “intimidar a los sublevados a que inmediatamente se disuelvan y retiren”. En el caso contrario, “la autoridad hará uso de la fuerza de que disponga para disolverlos”.

Pero no solo los jefes pueden ser juzgados por rebelión. El artículo 482 especifica que “los funcionarios que sigan desempeñando sus cargos bajo el mano de los alzados”, o que lo abandonen cuando haya peligro de rebelión, “incurrirán en la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público de seis a doce años”.

Es importante diferenciar el delito de rebelión del delito de sedición. Este último penaliza el alzamiento colectivo violento contra la autoridad, las leyes y el orden público, sin llegar a la gravedad de la rebelión y con una pena menor que la de esta, de quince años.

Delito de malversación: ¿qué es?

Está recogido en el artículo 432 del Código Penal. Se aplica a “la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años”.

Una vez se produzca la extradición de Carles Puigdemont a España, la Fiscalía podría buscar atribuirle un delito de malversación agravada, por el que la pena es de cuatro a ocho años de cárcel (12 de máximo en este caso, pues la suma de dinero malversado supera los 250.000 euros) y una inhabilitación absoluta de diez a veinte años.

La institución penal podría buscar de esta forma compensar su situación, pues mientras que los otros políticos catalanes de su Govern están acusados también de rebelión, él no cargaría con este delito si es finalmente juzgado por el Tribunal Supremo.