El Consejo de Estado ha respondido al Gobierno que en este momento no hay base para impugnar la candidatura del expresidente catalán Carles Puigdemont para ser investido presidente de la Generalitat. El informe del órgano consultivo, que solicitó el Gobierno este mismo jueves, es preceptivo (es decir, debe presentarse para interponer el recurso), pero no es vinculante. Sin embargo, resta argumentos al Ejecutivo y supone un revés para sus expectativas.

El Gobierno pidió al Consejo de Estado un informe que presentar al consejo de ministros de este viernes y con el que fundamentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la resolución del Parlament de Cataluña que propone a Carles Puigdemont como candidato a la investidura. El presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, ha anunciado que el debate de investidura tendrá lugar el próximo martes 30 de enero, a partir de las 15:00 horas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que se solicitaba este informe y, si era favorable, se elevaría el recurso de impugnación.

La número dos del gobierno de Mariano Rajoy fue la encargada de anunciar en Moncloa esta iniciativa del Ejecutivo, explicaba que la orden de detención que pesa sobre Puigdemont, huido desde hace casi tres meses, "es incompatible con su presencia en la Cámara".

Por lo tanto, considera el Ejecutivo que el presidente del Parlament no puede proponer a Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat, aunque sí puede proponer a otro candidato. En su convocatoria oficial, y aunque no se explicita el formato del debate, sí que se deja meridianamente claro que el candidato a la investidura es el cabeza de lista de Junts per Catalunya.

En caso de que el eventual recurso del Gobierno fuera aceptado por el Tribunal Constitucional, explicó Sáenz de Santamaría, conllevaría la suspensión de dicha propuesta de candidatura.

El Ejecutivo también había remitido al Consejo de Estado otras consultas potestativas; en concreto, dictaminar si un candidato que no está presente en la Cámara puede ser investido sin su presencia, si el hecho de que eso lo admitiera la Mesa del Parlament podría impugnarse por este mismo procedimiento ante el TC, y pronunciarse sobre la hipotética aceptación del voto delegado de los diputados que se encuentran fuera de territorio nacional.