Ya se sabía que la Ley de Memoria Histórica, ese engendro jurídico pensado por José Luis Rodríguez Zapatero para que olvidaran las atrocidades cometidas en la era republicana, iba a prolongar, en cierta medida, la nefasta Guerra Civil. Vista desde el otro lado, claro está. Como es bien sabido, no se trataba de rehabilitar a las víctimas de la dictadura, que bien estaría en aras de la amnistía decretada por Adolfo Suárez al comienzo de la Transición, sino de “blanquear” la conducta de quienes persiguieron a la población civil por el mero hecho de ser católicos.

Este ya es un episodio de nuestro tiempo que parece asumido, pero que no deja de levantar heridas allí donde los poderes públicos debieran tener la delicadeza de evitarlas. Es el caso de la Cruz de los Caídos que se levantaba ante la iglesia del pueblo valenciano de Callosa del Segura. Uno de estos días pasados, el alcalde socialista, don Ferrán Maciá, se levantó con el pie izquierdo y decidió acabar con este “vestigio” religioso que manchaba, al parecer, su memoria de hombre de izquierdas.

El pequeño monumento ya había sido limpiado el pasado año de los nombres de quienes cayeron en ese pueblo durante la República. Pero -¡ah!- quedaba en pie la cruz, una cruz de piedra blanca que, al parecer, ofendía mucho al alcalde por lo que decidió su desmantelamiento, con nocturnidad y alevosía, en contra de la protestas populares.

Se ha iniciado así un curioso proceso jurídico cuyo primer acto fue el auto de la Audiencia disponiendo medidas cautelares para evitar el expolio. Pero ahora ha sido el Alto Tribunal Superior de Justicia de Valencia el que ha dictado sendas resoluciones para que se concluyan los trabajos de retirada de la Cruz y su pedestal, rechazando así las medidas cautelares pedidas por una Plataforma de Ciudadanos en Defensa de la Cruz, al tiempo que ordena al Ayuntamiento la custodia de las piezas del monumento hasta que la Justicia resuelva el fondo del pleito.

Es decir que el mismo Tribual es consciente de que la plataforma que recurrió la decisión unilateral del alcalde, puede ganar se recurso lo que significará la reposición de la Cruz en su mismo lugar. El alcalde no cree que el desmantelamiento de la Cruz sea ningún ataque a la libertad religiosa; considera, muy al contrario, que se trata de ¡una lucha política contra la extrema derecha! Ahí está el quid de la cuestión.