La recaudación por los impuestos locales suma más del 52 % de los ingresos totales de los ayuntamientos, de los que la aportación del IBI supone el 28 %, según un estudio del Consejo General de Economistas.

En rueda de prensa, su presidente, Valentín Pich, ha subrayado que solamente el IBI aporta a las arcas municipales el 28 % de todos los ingresos y que este impuesto sobre los bienes inmuebles ha ayudado a la estabilidad fiscal durante la crisis.

Ha admitido que, "aún reconociendo las actuales circunstancias institucionales", no es una buena noticia que no haya sobre la mesa una propuesta de reforma de la financiación autonómica.

A su juicio, ese cambio permitiría reordenar y aclarar toda la fiscalidad, tanto autonómica como local, y acometer la modernización de la tributación medioambiental.

Ha puesto como ejemplo de esa vinculación entre las reformas fiscales autonómicas y locales, el IBI, que necesita "encuadrarse con precisión" dentro de la tributación sobre la riqueza, ya que muchos inmuebles urbanos, además de ser gravados por este impuesto municipal, también tributan en el IRPF a través de la imputación de rentas y por impuestos ligados a la financiación autonómica.

Respecto al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IVTNU), antigua plusvalía municipal, en proceso de modificación por haber sido declarado inconstitucional, Pich ha indicado que "la Justicia tiene que intentar reducir la conflictividad".

Se ha mostrado sorprendido de que no haya un decreto ley "con las reglas del juego" hasta que se resuelva este asunto, porque "no puede ir un arquitecto detrás de cada liquidación" para comprobar si ha generado o no esa plusvalía desde la anterior compra del bien.

En la rueda de prensa, han presentado el estudio sobre el "Panorama de la fiscalidad local 2018", que detalla, que, además del IBI, los otros dos impuestos obligatorios: el impuestos sobre actividades económicas (IAE) "está lastrado por las exenciones", que afectan a los negocios inferiores al millón de euros, y que el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) lo paga el titular del permiso de circulación y que algunos municipios atraen a flotas de vehículos al establecer tipos más bajos.

En cuanto a los potestativos: el impuesto sobre construcción, instalaciones y obras (ICIO) tiene problemas de delimitación con la tasa por licencia de obras y de cuantificación de la base imponible y el de la antigua plusvalía está a la esperar de resolverse.

Por lo que se refiere a las tasas municipales, con las que se piensa recaudar el 13,6 % de todos los ingresos de las haciendas locales, observan que muchas capitales gravan los mismos servicios o la misma utilización del dominio.

Los expertos llaman la atención de que la dimensión de la administración local es menor -6 % del PIB- que la media de los países la UE (11,1), con un mayor peso de los impuestos en su financiación -52,9 % en España por 38,1 en la UE-, más superávit y menor endeudamiento.

Apuntan ideas para reformar la imposición municipal, como revisar la tributación del IBI y del IAE y en el caso del IVTM establecer un punto de conexión para la residencia del titular real del vehículos, que evitaría la domiciliación de flotas.

Sobre la plusvalía, ven "necesario" que se regule la base imponible y establecer los mecanismos para revisar los aspectos inconstitucionales.

Consideran que "sería importante" establecer un marco normativo común que regule las tasas municipales más comunes y que todos los ciudadanos puedan acudir a la revisión en vía económico-administrativa para resolver los contenciosos sobre los tributos locales.

Para desligar los recursos municipales del sector inmobiliario, sugieren que se busquen fuentes alternativas: creación de impuestos medioambientales y revitalizar las contribuciones especiales.