El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha propuesto a la dirección del partido de los socialistas valencianos la suspensión de Jorge Rodríguez en todos los cargos y ha propuesto a Toni Gaspar como su sustituto como presidente de la Diputación de Valencia.

La propuesta la ha realizado Ximo Puig en una reunión del secretariado del PSPV-PSOE, convocada de urgencia para analizar la situación de Jorge Rodríguez, detenido por la UDEG por corrupción dentro de las actuaciones del caso Alquería.

"La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que todos los valencianos y valencianas estamos haciendo para levantar la hipoteca reputacional que nos han dejado 20 años de gobiernos del PP", ha indicado Puig en un comunicado del partido.

"El PSPV siempre ha sido contundente, ha luchado y se ha arruinado por defender la legalidad y combatir la corrupción", ha recordado el líder de los socialistas valencianos.

Ximo Puig ha aseverado que confía en la presunción de inocencia de Rodríguez y ha remarcado que ahora "serán los jueces quienes determinen la responsabilidad en una investigación de la que nada se conoce porque permanece secreta".

El secretario general del PSPV ha anunciado, además, que para garantizar la estabilidad en la Diputación de Valencia ha propuesto a la ejecutiva que el actual vicepresidente de la entidad, Toni Gaspar, sea el candidato a la Presidencia de la corporación provincial.

La operación Alquería, por la que ha sido detenido Rodríguez, ha supuesto la detención de otras cinco personas, entre ellas el jefe de gabinete del presidente de la Diputación, Ricard Gallego, y los gerentes de la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra, Agustina Brines y Javier Simó, según han confirmado a Efe fuentes cercanas a la investigación.

Las diligencias declaradas secretas por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia se abrieron por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos el pasado mes de mayo, tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.

El juzgado investiga irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra y se han practicado registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes del Ayuntamiento de Ontinyent, la sede social de Divalterra y viviendas particulares de los detenidos.