La fiscalía de Catania ha abierto una investigación contra la única ONG española que rescata inmigrantes en el Mediterráneo. ¿El motivo? En el último de sus rescates, 218 personas a unas 70 millas de Libia, se negó a entregarlos a la policía de ese país.

El barco de la organización Proactiva Open Arms se encuentra retenido en el puerto de Pozzallo (Italia), tras haber conseguido desembarcar y poner a salvo a 218 inmigrantes. La fiscalía de Catania ha ordenado preventivamente la inmovilización del barco español bajo la acusación de favorecer “la inmigración clandestina y la asociación criminal”. Las denuncias contra los barcos de las ONG que operan en esa zona del Mediterráneo siempre tienen el mismo origen: el Fiscal de Catania, Carmelo Zuccaro. Según la acusación, el barco español habría "violado la ley y los acuerdos internacionales al no entregarlos a las autoridades libias". Apenas quedan ya barcos en el lugar donde mueren más migrantes en todo el mundo. En lo que llevamos de año se aproximan a los 500. El año pasado superaron los 3000, casi un 60 por ciento del total de los migrantes muertos en el mundo.

La mayor parte de las ONG ya no trabajan la zona, por lo que es muy probable que se hayan producido más muertes de las contabilizadas. Desde hace tiempo se está asistiendo a una criminalización de quienes trabajan en operaciones de rescate.

En las últimas horas la ONG ha explicado la circunstancia que ha provocado la inmovilización de su barco: tras su última intervención en el mar y con las personas a bordo pusieron rumbo al norte, hacia Italia, pero Italia no les permitió la entrada, lo que obligó a que España tuviera que solicitar la entrada del barco a un puerto italiano. La ONG ha denunciado que el pasado jueves un guardacostas libio se aproximó al barco y les amenazó con abrir fuego si no le entregaban a los inmigrantes que acababa de rescatar en alta mar. Hay que destacar que el incidente se produjo fuera de aguas territoriales libias. Los responsables de la ONG decidieron no entregar estos inmigrantes a los guardacostas libios en aguas internacionales, porque suponía una "devolución en caliente" y además los inmigrantes les pedían -por favor- que no les devolvieran al infierno de Libia.

En declaraciones a Efe, la abogada de la ONG, Rosa Emanuela Lo Faro ha confirmado que los delitos de los que se les acusan son asociación criminal para fomentar la inmigración ilegal con el agravante de "obtener beneficio de ello", que están castigados con penas de reclusión de cuatro a 12 años, según el código penal.

Oscar Camps ya expuso en su cuenta de Twitter que la incautación del barco podía darse por una acusación "de asociación criminal y fomentar la inmigración ilegal por desobedecer a los libios al no entregarles mujeres y niños". Camps esgrimió entonces que proteger vidas humanas debe ser una prioridad de cualquier cuerpo —civil o militar— y que así lo estipula el derecho, y que entregar a los rescatados a Libia "equivale a llevar una devolución en caliente", lo que contraviene el Estatuto de los Refugiados de la ONU. Conviene recordar que distintos grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado los supuestos vínculos entre la Guardia Costera libia y las mafias que trafican con seres humanos en ese país. Aseguran que las mafias avisan a los militares de la salida de los migrantes, y que incluso antiguos contrabandistas están ahora al mando de las patrulleras. Las playas de Libia se han convertido en los últimos dos años en la mina de oro de las mafias que trafican con seres humanos.

En distintas entrevistas a la Cadena COPE, el director de OPEN ARMS había señalado que “existe una marcada campaña para desacreditar a las ONGs que trabajaban en el Mediterráneo", actuando a la vez con una agresividad desconocida tras pasar tantos años salvando vidas en esas costas. El problema es claro, denunciaba, si los barcos desaparecen de esa zona del mar, “morirá mucha más gente".