PNV y EH Bildu han pactado hoy que la futura reforma del Estatuto autonómico sea sometida, con carácter previo a su tramitación ante las Cortes Generales, a una "consulta habilitante" de la ciudadanía vasca, que jurídicamente no tendría un carácter vinculante.

Según el acuerdo al que ambos grupos, mayoritarios en la Cámara de Vitoria, han llegado en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento, la ley estatutaria deberá ser aprobada, en primer lugar, por el Legislativo vasco para posteriormente ser sometida a una consulta ciudadana que, "aún no siendo jurídicamente vinculante, tendría un valor declarativo y habilitante esencial".

Una vez cumplido este trámite se iniciaría un proceso de negociación con el Estado para su encaje jurídico y, tras la tramitación en las Cortes Generales, si fuera aprobada la ley, "se procederá a su ratificación mediante referéndum".

PSE y PP no comparten este procedimiento, mientras que Elkarrekin Podemos no lo ha rubricado porque, aunque no se opone a dicha consulta, considera que esta debería convocarse mediante un acuerdo de dos tercios del Parlamento Vasco y opina que para que su resultado tuviera un valor habilitante esencial tendría que tener una participación mínima del 60 % de los votantes.

La ponencia ha concluido hoy su propuesta para un nuevo Estatuto que se remitirá en septiembre a un grupo de expertos para que elaboren un texto articulado, en la que se otorga carácter nacional al "sujeto político jurídico constituyente" que integran Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

La iniciativa volverá a la Cámara con formato de proposición de ley y firmada por los grupos que así lo decidan, previsiblemente PNV y EH Bildu.

La propuesta, a excepción del capítulo de derechos y deberes que también respalda la coalición morada, sale de la Cámara con los únicos apoyos de PNV y EH Bildu, que no han logrado atraer a Elkarrekin Podemos, PP y PSE-EE, este último socio de gobierno del PNV en las principales instituciones vascas.

Elkarrekin Podemos y PSE-EE han plasmado sus desacuerdos en votos particulares y también lo hará el PP la semana próxima. Cada uno de estos tres grupos, con sus propios matices, considera que el texto acordado no respeta el actual marco constitucional.

Joseba Egibar (PNV) ha dejado claro que con esta propuesta de Estatuto no se está hablando de escenarios de independencia, sino de "marcos de convivencia política, de bilateralidad" respetando "estrictamente" el marco jurídico vigente.

Maddalen Iriarte (EH Bildu) ha subrayado que con el nuevo estatus Euskadi cerrará "el ciclo del autonomismo", se pondrá "en el camino hacia la soberanía" tras superar el actual modelo de relaciones con el Estado español "basado en la dependencia".

Lander Martínez (Elkarrekin Podemos), aunque ha valorado el acuerdo alcanzado en derechos de la ciudadanía, ha acusado a ambos grupos de unirse para pactar el resto de los artículos anteponiendo su visión de país "en la que no caben todos".

José Antonio Pastor (PSE-EE) ha defendido su voto particular al mantener una "discrepancia radical en cuestiones nucleares" y con el objetivo de que los expertos que elaborarán un texto articulado la tengan cuenta para redactar un "proyecto social y legal".

El popular Borja Sémper ha anunciado que su grupo presentará la próxima semana un voto particular a todo el texto al considerar que PNV y EH Bildu han acordado "la Constitución de Urkullu" y ha acusado a estos dos partidos de "dinamitar la Euskadi plural".

La propuesta de la ponencia diferencia entre ciudadanía y nacionalidad, y contempla que el sujeto político esté vinculado al Estado por una relación "singular, bilateral y de naturaleza confederal en el marco constitucional".