Las ciudades de Madrid y Barcelona han exigido hoy al gobierno central implicación en el "problema de Estado" de la contaminación, con la aplicación de medidas de su competencia como el fin de las ventajas fiscales a los vehículos diésel y un aumento del presupuesto al transporte público.

Así lo han manifestado hoy en una comparecencia conjunta en el Ayuntamiento de Madrid la delegada madrileña de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, después de que la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, afirmase que las competencias sobre la contaminación del aire pertenecen a los ayuntamientos.

En respuesta a la ministra, que pidió "más esfuerzos" a las dos ciudades, las responsables medioambientales han detallado en una rueda de prensa los planes con los que "han trabajado como nunca" para mejorar la calidad del aire.

"La inacción no es una alternativa, no lo ha sido para nosotras y no debe serlo para ninguna otra administración", ha incidido Janet Sanz, que ha llamado la atención sobre que "no tiene sentido" que las dos ciudades planteen a sus vecinos que no pueden acceder al centro con vehículos diésel por ser contaminantes mientras "otra administración" subvenciona que se compren.

"Si García Tejerina no quiere enfrentarse al lobby X que nos traspase las competencias", ha dicho la regidora barcelonesa tras conocer que la ministra ha insistido hoy en el Congreso en que la responsabilidad es de los ayuntamientos, unas palabras que en su opinión demuestran que es una "incompetente".

Inés Sabanés, por su parte, ha asegurado que "seguramente" lo que le sucede a la ministra es que le cuesta "pactar, negociar y enfrentarse a la industria automovilista".

"Para nosotros, el máximo nivel de lealtad consiste en que cada cual cumpla con su obligación y tenga un compromiso claro y rotundo con las medidas que exige Europa sobre la calidad del aire", ha dicho hoy la concejala madrileña Inés Sabanés.

Por ello, Madrid y Barcelona han detallado un conjunto de medidas que son de competencia estatal, principalmente la revisión del impuesto especial sobre carburantes para eliminar "todas las ventajas fiscales que favorecen la compra de vehículos diésel" y modificar además el impuesto de matriculación de vehículos para priorizar los menos contaminantes, especialmente los Cero y ECO.

Además de establecer la obligatoriedad del etiquetaje de todos los vehículos en función de los niveles de contaminación, las dos regidoras han pedido incrementar la financiación del transporte público de proximidad para llegar a los niveles de 2010 así como invertir más en las infraestructuras de transporte público, incluidas las infraestructuras ferroviarias y la habilitación de carriles BUS VAO en todos los accesos a las ciudades.

Además, Madrid y Barcelona plantean que la conferencia sectorial de Medio Ambiente -que reúne al Ministerio y a las comunidades- promueva las medidas de competencia autonómica que tengan impacto en la mejora de la calidad del aire, como por ejemplo el control de las calderas o la legislación de movilidad sostenible aplicable a las empresas.