Los gobiernos vasco y central intentarán este mismo mes desbloquear la conocida como ley vasca de víctimas de abusos policiales, aprobada en 2016 aunque varios de sus artículos están suspendidos temporalmente por el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Así lo ha anunciado hoy el nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, tras mantener su primer encuentro oficial con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en la sede de la Presidencia vasca, en Vitoria.

Al término de la reunión Loza ha explicado que ambos han analizado asuntos como la inmigración, el acercamiento de presos de ETA y la Ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999.

El Gobierno de Rajoy recurrió esta normativa ante el Constitucional porque, entre otros razonamientos, argumentaba que la comisión de valoración que crea la ley, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a valorar casos de violencia policial porque es una labor que compete a los jueces.

Por contra, el Gobierno Vasco defiende el encaje de la ley en los requerimientos del derecho internacional, su constitucionalidad, su plena seguridad jurídica y la competencia de Euskadi para ejecutarla.

Así, el Ejecutivo de Urkullu, tal como argumentó en sus alegaciones contra el recurso, sostiene que el reconocimiento y reparación de estas víctimas compete al ámbito administrativo y no al penal, asegura no que no hay invasión de competencias jurisdiccionales y que el objetivo de la norma es el reconocimiento y la reparación de las víctimas por lo que no interfiere en el proceso penal.

Jesús Loza ha avanzado que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el lehendakari coinciden en la necesidad de buscar una solución para desbloquear esta ley "pensando fundamentalmente en las víctimas" ya que su paralización hace que "no puedan ser reconocidas ni compensadas".

Han acordado buscar una solución para desbloquear la aplicación de la normativa, a ser posible, "este mes", que pasaría por "una fórmula de adaptación que posibilite la retirada del recurso", ha indicado sin precisar más al respecto.

Otra de las cuestiones abordadas en la reunión ha sido la relativa a la política penitenciaria y a la posibilidad de que el Gobierno impulse medidas para el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas o próximas a Euskadi.

Loza ha trasladado a Urkullu la intención del Gobierno de Sánchez de compartir toda la información sobre este tema con el Ejecutivo vasco pero desde la "discreción", aunque ha dejado claro que la "directriz fundamental" la establecerá el Ministerio de Interior.

Loza y Urkullu también han coincidido en la necesidad de colaborar en temas de inmigración y ambos han hablado también de las transferencias pendientes, aunque Loza ha explicado que en este aspecto la Delegación del Gobierno tiene un papel "subsidiario" dado que deben abordarse directamente entre ambos ejecutivos. EFE

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