El juez Pablo Llarena no ha atribuido un delito de rebelión, sino otros de desobediencia y/o malversación, a 12 de los 25 procesados por el "procés" para la independencia de Cataluña, entre ellos tres de los siete fugados: Anna Gabriel (CUP), Lluís Puig (PDeCat) y Meritxel Serret (ERC).

En concreto, el magistrado del Supremo cree que Gabriel y la también responsable de la CUP Mireia Boya solo incurrieron en un delito de desobendiencia, al no atender a las decisiones del Constitucional. Este delito no comporta penas de prisión, pero sí de inhabilitación.

A los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet también les atribuye solo un delito de desobediencia, por la "tenaz y perseverante desatención del requerimiento" del Constitucional para que "impidieran o paralizaran cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias".

En otros cinco procesados ve indicios de que cometieron delitos de desobediencia y de malversación: los exconsejeros Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Serret, porque desatendieron también al Constitucional y autorizaron las contrataciones necesarias para el 1-O.