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CRISIS CATALUÑA

Govern ve un interés en alterar las mayorías con la suspensión diputados

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha denunciado hoy que existe un interés en "seguir alterando las mayorías parlamentarias que surgieron de las urnas el 21D" con la suspensión de los diputados soberanistas encausados por rebelión.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 14:51

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha denunciado hoy que existe un interés en "seguir alterando las mayorías parlamentarias que surgieron de las urnas el 21D" con la suspensión de los diputados soberanistas encausados por rebelión.

Así se ha expresado poco antes de conocerse la esperada decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de suspender los derechos como cargos públicos a los diputados soberanistas que están en prisión preventiva y a los que se encuentran en el extranjero procesados por un delito de rebelión como consecuencia de la declaración unilateral de independencia.

"Es un tema que compete al Parlament. Pero hay un interés en seguir alterando las mayorías parlamentarias que surgieron de las urnas el 21D. Veremos qué pasa, cómo puede reaccionar el Govern", ha dicho Artadi en rueda de prensa después de la reunión del Consell Executiu.

De esta manera, la consellera ha evitado avanzar cómo responderán desde el Govern y desde los grupos parlamentarios de JxCat y ERC a esta decisión, que afecta a seis diputados del Parlament.

Esta medida afecta a los cinco diputados autonómicos en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez), al igual que a Puigdemont, pero no así al exconseller Antoni Comín, en Bélgica, que tiene pendiente su recurso al auto de procesamiento.

Llarena ha suspendido a los diputados en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", aquel procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

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