El Gobierno Vasco ha aplaudido la adhesión de España a la declaración internacional suscrita hoy en Londres para apoyar el patrocinio comunitario de refugiados, una iniciativa para que ciudadanos, entidades sociales y ayuntamientos se involucren a la hora de recibir a quienes huyen de sus países.

La declaración convocada por la Iniciativa Global para el Patrocinio de Refugiados (GRSI, por sus siglas en inglés) ha sido firmada hoy por ministros del Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Argentina y Canadá, y el Gobierno español se ha adherido a ella, ha explicado hoy el Ejecutivo vasco en un comunicado.

Ha recordado que esta declaración internacional toma como base el proceso de colaboración que desarrolla el Gobierno Vasco con Acnur para impulsar un modelo innovador de acogida a refugiados que se pondrá en marcha este año a modo de programa piloto en siete municipios de Euskadi.

Esta experiencia, llamada Auzolana I, busca mejorar los mecanismos de acogida e integración de las personas que lleguen a Euskadi huyendo del conflicto y la persecución en sus países al reforzar las funciones que pueden desempeñar los ayuntamientos, las diputaciones, el Gobierno Vasco y entidades sociales.

Además, el Gobierno Vasco junto a Acnur, el Ejecutivo español, Cáritas de Euskadi y la Plataforma de Jesuitas del País Vasco preparan una segunda experiencia piloto de patrocinio comunitario basado en el modelo canadiense.

El objetivo del patrocinio comunitario es complementar los programas estatales de reasentamiento e incrementar el número de refugiados acogidos mediante la implicación y autoorganización de ciudadanos, ONG, grupos sociales, entidades religiosas o autoridades locales.

Estos ciudadanos y entidades se agrupan y se comprometen a ofrecer apoyo económico, emocional y social durante un periodo establecido, normalmente de un año.

El Gobierno Vasco ha ensalzado por tanto la iniciativa de hoy ya que cree necesario un cambio de paradigma para que la infraestructura de admisión de refugiados pueda hacerse "de abajo a arriba", es decir empezar por preguntar a cada ayuntamiento y a los gobiernos regionales su disponibilidad de acoger e integrar a refugiados, con el fin de dar una mejor respuesta a sus necesidades.