La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha anunciado hoy que el Gobierno va a revisar todas las impugnaciones pendientes ante el Tribunal Constitucional (TC) por conflicto con las comunidades autónomas, 31 de las cuales fueron presentadas por el Estado y 23 por las autonomías.

En su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Política Territorial del Congreso para exponer las líneas generales de su departamento, Batet ha asegurado que se hará una negociación con las comunidades afectadas por cada uno de estos asuntos para "reducir en lo posible la conflicitivad acumulada" ante el TC.

Se trata de impulsar el acuerdo entre el Gobierno y las comunidades para potenciar el autogobierno, y reducir los conflictos ante el TC que en la última legislatura del PP llegó a los 232, más del doble del anterior Ejecutivo socialista, cuando el número se elevó a 105.

"Defender la Constitución no solo es instar a la actuacion del Tribunal Constitucional y obligar a su cumplimiento", ha destacado Batet.

La ministra ha asegurado que la política territorial del Gobierno será a partir de ahora "proactiva" y no se limitará a la defensa del marco constitucional, que también, ni a limitar las actuaciones autonómicas, sino que recuperará "iniciativa e impulso político" para desarrollar una política propia de desarrollo constitucional.

Según ha manifestado, no se debe confundir la defensa de la Constitución con la defensa de una opción política determinada porque identificarla con "el Gobierno de turno" solo consigue debilitar la Carta Magna.

Ha instado a no "esconderse" tras la Constitución y ha asegurado que su reforma es cada vez más necesaria y cuando más tiempo se retrase "más pertinente resulta".

Por eso ha apelado a la responsabilidad de las fuerzas políticas para los trabajos previos a la reforma en la Comisión para el análisis del modelo territorial que se han constituido en el Congreso y en la que solo participan ahora el PP y el PSOE y conseguir el "máximo consenso posible".