El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto que regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración con habilitación de carácter nacional que fiscalizan a las corporaciones locales con el finalidad de aumentar la profesionalidad y eficacia de las funciones que ejercen.

En España hay cerca de 7.000 funcionarios de administración local con habilitación nacional que asumen responsabilidades administrativas de secretaría y de intervención y tesorería, por lo que se encargan funciones de asesoramiento legal y control interno en las entidades locales.

La nueva normativa establece requisitos excepcionales y estrictos para la provisión de habilitados nacionales por libre designación e incrementa las garantías en el nombramiento y cese.

Por lo que respecta a los concursos de méritos a efectos de traslados, habrá un nuevo sistema de puntuación que tendrá en cuenta circunstancias relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar, como el cuidado de hijos menores de doce años o de familiares con condición de discapacitados.

El real decreto recoge una actualización de las funciones de estos empleados público y se incorporan nuevas responsabilidades relativas al uso de medios electrónicos y a las exigencias de transparencia y buen gobierno de la gestión pública.

Además, en municipios en los que las mancomunidades, diputaciones, cabildos o consejos insulares hayan asumido la gestión de algunos servicios, y por tanto se hayan reducido las cargas administrativas, existirá la posibilidad de formar agrupaciones para desempeñar el puesto de tesorero o que el cargo sea asumido por funcionario de clase inferior.

El nuevo régimen jurídico, que sigue las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para "clarificar y unificar" la normativa sobre el personal de control y fiscalización interna en entidades locales, también adapta las titulaciones exigidas para el ingreso en cualquier escala de habilitados al esquema actual de titulaciones universitarias.