El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado hoy que el Gobierno reformará los plazos máximos de instrucción aprobados por el anterior Ejecutivo para evitar el riesgo de impunidad, al estimar que han sido "especialmente nocivo" en la tramitación de causas complejas vinculadas a la corrupción.

"La necesidad de una justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la precipitación en la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala para la impunidad", ha manifestado Sánchez en el plano del Congreso al anunciar que se reformará el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Jueces y fiscales habían reclamado la derogación de ese artículo, introducido en 2015 a propuesta del anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que fijó un plazo máximo de instrucción de 6 meses, ampliables a 18 en causas que se declaren complejas y prorrogable por igual o menor plazo, siempre a petición de la Fiscalía.

Sánchez ha insistido en el compromiso de su Gobierno de luchar contra la corrupción, que "destruye la fe y la confianza de los ciudadanos en las instituciones", y ha considerado que la detección temprana de las tramas es defender el régimen de libertades y trabajar por regeneración.

En este contexto ha garantizado que su Gobierno asume un compromiso de "ejemplaridad en el grado más alto" y no va a escatimar en la lucha contra esa "lacra".

El presidente del Gobierno ha reiterado también ante el pleno la necesidad de reformar la denominada "ley mordaza" y ha pedido "consenso y voluntad de acuerdo" para hacerlo, convencido de que supuso un "deterioro de la calidad democrática" y atacó las libertades.

Ha apelado así a un diálogo político para alcanzar un equilibrio entre los valores de libertad y seguridad; "Alguien dijo: cuando un pueblo renuncia a su libertad en aras de la seguridad, acaba perdiendo ambas", ha recalcado.

Sánchez ha dejado también claro que la justicia es "uno de los ámbitos en el que es más urgente para avanzar en la regeneración democrática y el fortalecimiento institucional".

Ha abogado así por una justicia "rápida, independiente y transparente" y ha ratificado su voluntad de dotar de más medios al sector y de dialogar con asociaciones de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionario.

Su objetivo, ha dicho, es asegurar la independencia judicial, la autonomía del Ministerio Fiscal y garantizar los nombramientos basados en criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad, que son, ha dicho, exigencia de una democracia "madura" en la que impera la separación de poderes.

Además de la reforma de los plazos de instrucción, Sánchez ha avanzado la reforma del reglamento de asistencia jurídica gratuita y el impulso de la mediación.