El Gobierno ha reconocido por primera vez a las víctimas de la talidomida, a las que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) les destina una partida de veinte millones de euros.

Esta partida estará incluida en las transferencias que hace el Estado a la Seguridad Social y supone un 0,1 por ciento del total, que asciende a 13.085 millones.

Los veinte millones se destinarán a financiar ayudas a personas a las que se reconozca que sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación, compatibles con las descritas para la talidomida, en el periodo 1955-1985, y cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas.

Así se explica en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 presentado hoy por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados donde ahora iniciarán su andadura parlamentaria.

La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) calcula que en España hay entre 2.000 y 3.000 personas afectadas por este fármaco comercializado por la farmacéutica Grünenthal para las náuseas de las embarazadas y que causó malformaciones en los fetos.

Avite, que fue informada de la inclusión de esta partida, consideró que solo supondrá que cada afectado reciba del Estado una media de 56 euros al mes.

"La idea es una media por afectado de 65.000 euros como pago único o dividido en 82 años de media de vida de un español, que sería el equivalente a 56 euros de pensión al mes", denunció la asociación.

A su juicio, los veinte millones suponen "una auténtica vergüenza y un insulto a la inteligencia", según dijo a Efe el presidente de Avite, José Riquelme, quien no descarta nuevas movilizaciones para reivindicar cantidades que consideran más justas.

En este sentido, recordó que en otros países, como Alemania, las indemnizaciones han alcanzado hasta los 4.000 euros mensuales, 3.000 en Italia y casi 2.000 en Reino Unido e Irlanda.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad puso en marcha un portal de internet para que los expertos evaluaran si una persona está realmente afectada por este fármaco, paso previo a la creación de un registro de afectados.