El Gobierno está estudiando ya la posibilidad de denunciar por malversación de fondos públicos a la Mesa del Parlament por la querella que va a presentar contra el juez del Supremo Pablo Llarena, y lo haría por la vía penal, no a través del Tribunal Constitucional.

La Mesa del Parlament, con mayoría soberanista, decidió ayer querellarse contra Llarena por presunta prevaricación, pese a las reticencias de los letrados de la Cámara y la oposición y la advertencia del Gobierno de que podrían incurrir en un delito de malversación.

Fuentes del Ejecutivo han informado hoy de que la abogacía del Estado ha pedido ya la documentación sobre la decisión de la Mesa de presentar la querella.

Van a estudiar, han añadido, si esta decisión es constitutiva de un delito de malversación.

De ser así, el Ejecutivo iría a los tribunales por la vía penal, han explicado.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ya advirtió ayer de que la querella que el Parlament ha decidido presentar puede constituir "malversación de fondos, aparte de otros delitos".