El Govern ha acordado hoy retirarse de la demanda contra el expresidente catalán Artur Mas y tres exconsellers por el denominado proceso participativo del 9N ante el Tribunal de Cuentas, deshaciendo así el paso que dio la administración catalana cuando estaba intervenida por el Gobierno a través del 155.

En una rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha indicado que no consideran que haya "requisitos para exigir responsabilidad contable" a Artur Mas y a los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs.

Artadi ha subrayado que, el pasado abril, el anterior Gobierno del PP, "aprovechando el 155", el artículo de la Constitución con el que se intervino la administración autonómica, pidió a la Generalitat que formulara una demanda ante el Tribunal de Cuentas, camino que ahora el Govern de Quim Torra deshace con esta decisión.

La portavoz del Govern ha subrayado que el criterio de la Generalitat se sustenta en los pronunciamientos judiciales de los juicios penales del 9N, que no condenaron a Mas ni a los exconsellers por malversación.

Así, la Generalitat entiende que "no concurren los requisitos de dolo o negligencia grave para exigir responsabilidad contable" a Mas y los exconsellers.

Además, el Govern de Quim Torra considera que la cuantía económica reclamada a los investigados por el Tribunal de Cuentas es "notoriamente improcedente".