El Foro Social ha reclamado hoy un "acuerdo político y social" que incluya a las víctimas "en su pluralidad" y permita "avanzar" en la "solución" de los 482 casos "sin verdad con resultado de muerte" que, según el computo de esta entidad, fueron cometidos durante las décadas de violencia en Euskadi.

Los portavoces del Foro Social Teresa Toda, Agus Hernán, Fernando Armendariz y Nekane Alzelai han presentado hoy los resultados de un estudio comparativo elaborado por esta entidad, que agrupa asociaciones y personas que impulsan un "proceso de paz" en el País Vasco, sobre las "casos con resultado de muerte" en el contexto de la violencia en Euskadi entre 1960 y 2014.

Según ha explicado Hernán, el Foro Social pide que los ejecutivos autonómicos vasco y navarro, "y si fuera posible, el Gobierno" junto con las víctimas, "organizadas y no organizadas", y la sociedad civil avancen hacia un acuerdo que "tenga en cuenta los derechos de las víctimas de verdad, justicia y reparación" así como el "ansia de la sociedad de avanzar en la construcción de una convivencia sin pasar página, pero sin más presos".

En la elaboración del trabajo, el Foro Social ha constatado que existe "disparidad de criterios y de números" según las fuentes consultadas lo que, a su juicio, evidencia que la "coexistencia de diversas formas de narrar lo ocurrido", aseguran.

El Gobierno Vasco en su "Informe sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014" cifra en 220 los casos sin esclarecer (197 de ETA, 10 del BVE, 10 del GAL y 3 de autoría desconocida).

Por su parte, Covite en su libro "Agujeros del sistema" habla de 359 los asesinatos de ETA sin resolver "pero no contabiliza" los de otros grupos, ha explicado Armendariz.

La Fundación Euskal Memoria, basándose en su propia base de datos, calcula en 123 el total de muertes sin resolver.

Con el cruce de estas cifras el Foro Social Permanente ha concluido que el número de muertes sin resolver asciende a 482.

Ha puntualizado que el 23,2 % de los 849 asesinatos de ETA están sin resolver, así como el 24,3 % de los cometidos por el BVE y el 37 % de los del GAL.

Tras esta exposición, los portavoces Alzelai y Hernan han señalado que es "urgente" abrir un debate sobre este asunto porque las víctimas "tienen derecho a conocer la verdad como principal garantía de justicia, reconocimiento y no repetición de lo sucedido" al tiempo que han defendido la "no discriminación entre víctimas".

En este sentido han apostado por "dar mayor participación a las víctimas que no se sienten representadas por ninguna asociación" y han pedido que se tome como referencia "todos los estudios".

Han considerado "una buena base" los criterios adoptados por el Gobierno Vasco para estipular los casos no esclarecidos aunque han considerado que se debe "incluir la totalidad del sufrimiento".

Asimismo han indicado que se debe continuar una "segunda fase" en la que se cuantifiquen "otras vulneraciones de derechos sin resultado de muerte" entre ellas las "4.113 personas torturadas, merecedoras de reparación".