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La Fiscalía acusa al expresidente sudafricano Zuma de cargos de corrupción

El expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma
El expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma | EFE
  • Agencias

El fiscal general de Sudáfrica, Shaun Abrahams, anunció este viernes que acusa al expresidente Jacob Zuma de cargos por corrupción y otros delitos que tenía pendientes relacionados con un acuerdo de adquisición de armamento a finales de los años noventa.

Abrahams explicó en una rueda de prensa en Pretoria que someter el caso a "juicio" es la vía más apropiada para abordar las acusaciones, y añadió que la decisión ya fue comunicada al propio Zuma esta mañana.

"Soy consciente de que todo el mundo es igual ante la ley y disfruta de los mismos derechos (...) Tras considerar el asunto, mi opinión es que hay razonables perspectivas de una acusación exitosa contra el señor Zuma", sentenció el fiscal general.

En total, las acusaciones listadas por la Fiscalía son 16: una por asociación ilícita, dos por corrupción, una por lavado de dinero y 12 por fraude.

Están basadas en cerca de 800 operaciones fraudulentas realizadas, supuestamente, en relación a un acuerdo de armas millonario firmado en 1990.

El fiscal recordó que esta causa tiene detrás una "interminable" historia de litigios, con alta difusión en los medios, y que ha despertado un fuerte "interés y debate" en la opinión pública.

Por ello, su intención fue "darle conclusión a este asunto lo más pronto" posible, aunque el trámite sufrió varias demoras.

Los cargos habían sido inicialmente presentados por la Fiscalía en 2007, poco después de que Zuma derrotara al entonces presidente de la República, Thabo Mbeki, en el congreso para elegir al líder del partido gobernante desde el fin del régimen de segregación racial del apartheid, el Congreso Nacional Africano (CNA).

En 2009, con Mbeki ya fuera de la Presidencia, la Fiscalía retiró los cargos al considerar que se habían presentado como venganza política contra Zuma, quien dirigiera el país de 2009 a 2018.

En mayo de 2016, impulsados por la oposición -que recurrió la decisión al considerar que la Fiscalía actuó bajo presión política-, la Justicia ordenó restaurar de nuevo los cargos.

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