Agentes de la UDEF de la Policía Nacional registrarán a lo largo del día 22 ayuntamientos y requerirán documentación a otros 18, además de a la Diputación de Alicante, en una operación en la que ya hay varias personas detenidas, incluido el empresario José Luis Ulibarri y un asesor de Ciudadanos.

La Fiscalía Anticorrupción ha informado en una nota de prensa de la operación Enredadera que lleva el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona para investigar posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico.

Fuentes policiales han informado a Efe del arresto del empresario leonés José Luis Ulibarri, relacionado con la trama Gürtel, y de Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León.

Se han producido más arrestos, entre ellos de alcaldes, concejales y policías locales, y se espera que el número de detenciones alcance las sesenta.

El juzgado ha ordenado la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares de toda España para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol SL (integrada actualmente en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales).

Esa empresa habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.

Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

En concreto, el juzgado ha autorizado la práctica de entradas y registros en ayuntamientos de capitales de provincia como Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia o Teruel.

También registrará la Policía los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones (Madrid); Tiana y Mollet del Vallés (Barcelona); Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (León) y Vélez Málaga.

Además, por orden del juzgado, la Policía requerirá documentación a Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de capitales como Vitoria o Logroño.

También lo hará en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí (Barcelona); Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo (Madrid), La Cistérniga (Valladolid), El Puig y Gandía (Valencia), O'Grove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante).

El dispositivo, en el que participan 580 policías, investiga posibles amaños en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos.