El Defensor del Pueblo tramitó durante el año 2017 unas 600 quejas relacionadas con materias de competencia municipal, como empadronamiento, servicios públicos o control de la oposición, y también numerosos casos de ayuntamientos catalanes en cuyas fachadas no ondeaba la bandera española.

Según el informe anual del Defensor del Pueblo dado hoy a conocer, de esas quejas, más de 400 correspondieron a las presentadas en ese mismo año, mientras que el resto procedían de ejercicios anteriores.

Muchas de las nuevas reclamaciones no fueron admitidas a trámite porque los ciudadanos no se habían dirigido previamente a sus ayuntamientos para formularles su pretensión o denunciar el problema que les afectaba.

Han sido relativamente numerosas las quejas presentadas, alguna de forma confidencial, en las que se puso en conocimiento del Defensor que en determinados ayuntamientos, especialmente en Cataluña, no tenían izada la bandera de España en las fachadas de sus casas consistoriales y que, por el contrario, sí ondeaban en espacios públicos otras banderas que no tenían amparo legal.

Cuando los demandantes no habían reclamado primero ante dichos ayuntamientos ese incumplimiento de las leyes, aunque no se pudieron admitir a trámite por faltar ese requisito previo, se les informó de la interpretación dada a tales preceptos por una jurisprudencia constante y reiterada.

Así, el Tribunal Supremo apreció en 2002 la falta de legitimación de un particular que recurrió a la justicia tras instar a un consistorio a que se izara la bandera de España, aunque hay otras sentencias en las que otros tribunales condenaron a ayuntamientos a cumplir lo previsto en la ley cuando quienes instaron en vía judicial a su cumplimiento fueron las subdelegaciones del gobierno de sus respectivas provincias.

También han sido frecuentes, dice el Defensor, las quejas de concejales en la oposición por la falta de transparencia de sus ayuntamientos y por el difícil acceso a la información municipal y se ha defendido su derecho a obtener cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de sus corporaciones y resulten precisos para el desarrollo de su labor.

Muchos extranjeros, además, se han quejado por ver dificultado su derecho y su deber a empadronarse en el municipio en el que residen habitualmente, en ocasiones debido a la práctica de un criterio administrativo no acorde con la legalidad.

Es el caso de la ciudad autónoma de Ceuta, donde se han aplicado normas que no procedían y, en cambio, no se han tenido en cuenta aquellas que regulan el funcionamiento del padrón municipal.

Respecto a servicios públicos municipales, el informe evidencia que ha habido numerosas quejas por una deficiente prestación de los mismos, por ejemplo en alumbrado público, cementerios, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, alcantarillado o pavimentación.

Para el Defensor, ha resultado "llamativa" la presentación de "bastantes" quejas, a menudo contra el Ayuntamiento de Madrid, relacionadas con los árboles urbanos.

Unas hacían referencia a que no se volvían a plantar en los alcorques vacíos o no se reponían los que habían sido talados, otras porque los árboles estaban tan próximos a sus viviendas que sus ramas impedían su luz y ventilación, a la vez que generaban la presencia de insectos en su interior, y otras por los daños causados en sus bienes por las raíces o las ramas de árboles municipales.