La defensa de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y del diputado de JxCat Jordi Sànchez han criticado al juez Pablo Llarena por haber retrasado su decisión de suspender a los procesados por rebelión para "no interferir" en el encuentro de Pedro Sánchez y Quim Torra del pasado lunes.

Así lo sostiene el abogado Jordi Pina en el recurso, al que ha tenido acceso Efe, que ha presentado ante el juez en contra del auto del pasado martes que daba por acabado el sumario del "procés" y suspendía cautelarmente de sus funciones y cargos públicos a los procesados por rebelión, entre ellos los diputados Turull, Rull y Llarena.

El recurso sostiene que, de ser cierto que el juez retrasó la suspensión a la espera de que transcurriera la reunión entre los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, sería "una decisión de cálculo político, totalmente impropia de la administración de justicia en un sistema donde rige la división de poderes".

El abogado sostiene además que la condición de diputado es "un cargo electivo al que no puede aplicarse una suspensión cautelar en los mismos términos que si se tratara de cualquier funcionario público", ya que suspender a un parlamentario "altera la formación de mayorías parlamentarias" y "vulnera los derechos" tanto de los propios políticos como de sus electores.

La defensa rechaza también la "vía intermedia" que apunta Llarena en su auto, en que abre la puerta a que las funciones de los diputados suspendidos sean ejercidas temporalmente por otros miembros de su grupo, porque considera que el Supremo "no tiene absolutamente ninguna competencia para indicarle a una cámara legislativa cómo debe interpretar su propio reglamento".

En opinión del letrado, la "vía intermedia sugerida por el instructor para no caer en la absoluta desproporción que él mismo ha advertido en su decisión muy probablemente resulte inviable".

Asimismo, la defensa de Turull, Rull y Sànchez han insistido en rechazar que pueda aplicarse la suspensión a estos encausados, dado que en su opinión el objetivo de esa norma era "prevenir y combatir la acción de bandas armadas y organizaciones terroristas".

El abogado recalca que "en ningún caso cabe aceptar" que sus clientes "emplearan en su actividad instrumentos que pudieran merecer la consideración de armas o explosivos o métodos similares a los terroristas".