El portavoz del PPC en el Parlament, Alejandro Fernández, no ve "viabilidad" en la querella que la Mesa del Parlament presentará contra el juez del Supremo Pablo Llarena, sobre la que ha advertido de que los partidos independentistas podrían recaer en un delito de malversación de fondos públicos.

La mayoría independentista de la Mesa del Parlament (JxCat y ERC) ha acordado hoy que la Cámara catalana presente una querella por presunta prevaricación contra el juez Llarena, pese a las reticencias que han expresado los letrados sobre su viabilidad, como también desde Cs, PSC y los comunes.

En rueda de prensa, Fernández ha criticado que "una vez más las fuerzas separatistas han tomado de manera unilateral una decisión, imponiendo su criterio al resto y también sobre el criterio de los letrados".

A su juicio, los grupos independentistas "saben perfectamente que la querella no tiene ningún tipo de viabilidad, son conscientes de ello, pero por criterio político deciden mantenerla", incluso a pesar del criterio contrario de los letrados, quienes ha recordado que "no están aquí para pasar un calvario o un viacrucis".

Precisamente sobre los recelos de los servicios jurídicos, Fernández ha explicado que los letrados han expresado en la reunión que, en primer lugar, "no son expertos en derecho penal, sino en derecho tributario, constitucional y administrativo".

Los letrados, según el diputado popular, también han constatado que "una acción penal en un proceso de estas características debe ser el último paso si se considera oportuno, pero en ningún caso el primero", por lo que han recomendado que "antes de dar ese primer paso, se pidiera un informe a un penalista de prestigio".

Y, por último, los letrados "han destacado que (en la querella) el bien jurídico a proteger no es el Parlament, sino unos diputados y eventualmente un grupo político", según Fernández.

Es esta última advertencia "explícita" la que ha llevado a los populares a "deducir que si continúan y presentan esta querella, los grupos independentistas podrían estar cayendo en un delito de malversación de fondos públicos, al destinar recursos a un interés particular. Sería un caso de libro de malversación de fondos públicos".

Porque, ha opinado, cualquier grupo o diputado "tiene todo el derecho" a presentar una querella e iniciar una acción penal como grupo político o particular, pero "sin mezclar al resto de la Cámara".