El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, aboga por que los gobiernos vasco, navarro y central desarrollen una "agenda común de derechos humanos", basada en el derecho internacional, "en relación a todo lo ocurrido con los atentados de ETA".

Beltrán, que esta tarde trasladará esta demanda a la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha comentado a Efe que el objetivo de esa agenda común, en primer lugar, es que se impulse la investigación de los crímenes de ETA sin resolver, porque éste, ha resaltado, es un derecho fundamental de las víctimas.

Por otro lado, Amnistía Internacional considera necesario "avanzar sustancialmente en la investigación de otro tipo de crímenes de grupos armados en el marco de la guerra sucia, por ejemplo el GAL", así como en el reconocimiento "de las víctimas de la tortura y malos tratos que han ocurrido en cincuenta años de lucha antiterrorista en el País Vasco y Navarra".

Además, ha denunciado que, "de toda esa época", ha quedado en España "una legislación antiterrorista amplia, vaga, y que está ocasionando graves problemas a la libertad de expresión", como se evidencia a su juicio en varios casos de acusación por enaltecimiento del terrorismo.

Esta organización de defensa de los derechos humanos también considera necesario fomentar las peticiones individuales de presos de ETA para que puedan estar en cárceles cercanas a sus lugares de origen.

Estos planteamientos de Amnistía Internacional, ha dicho Beltrán, se basan en la experiencia acumulada en otros lugares del mundo, en los que "es necesario leer la página antes de pasar página".

"Ahora que no hay la urgencia de investigar los atentados, de que la gente esté mirando debajo del coche, porque toda esa parte afortunadamente ya pasó, queda la etapa de la verdad, la justicia y la reparación para que nunca más ocurra esto", ha aseverado.

En relación al juicio a los acusados de la agresión a dos guardias civiles en Alsasua, ha afirmado que este caso "es ejemplificador de la ambigua legislación antiterrorista, que habla por ejemplo de alterar la paz pública y nadie sabe lo que es exactamente".

Esta legislación, ha apuntado, "puede hacer que un acto grave, que tiene que ver con una disputa en un bar de la localidad de Alsasua, se convierta en una atentado prácticamente en colaboración con banda armada".

"Es un caso ejemplificador de que hay que cambiar la legislación antiterrorista, por ambigua, por imprecisa y por injusta", ha declarado.