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Otros varapalos judiciales al Ayuntamiento de Carmena

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 23:47

Los tribunales de lo contencioso-administrativo han ratificado su decisión de suspender la resolución del Ayuntamiento de Madrid de retirar a Dragados la gestión de varios túneles, decidida, según el Gobierno local, por la negativa de la empresa a reparar estas infraestructuras. Se trata de otro varapalo judicial más al Ayuntamiento de Madrid desde que está Manuela Carmena al frente.

A finales de 2016, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid anuló la Comisión de Investigación que el consistorio había abierto contra el PP sosteniendo en la sentencia que "la finalidad de la Comisión está planteada de manera genérica, sin concretar el asunto a investigar específico".

En noviembre de 2017, el consistorio de la capital madrileña sufrió varios reveses. Uno, la decisión de Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), suspender de forma cautelar la labor de inspección de la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid al "invadir competencias atribuidas a otros órganos" del Consistorio como la Intervención General y la Inspección General de Servicios.

También en el mismo mes, el TSJM aceptaba la la petición de la Delegación del Gobierno de Madrid de suspender los acuerdos presupuestarios del Ayuntamiento con los que pretendía saltarse la Regla de Gasto. En esos acuerdos, ideas del polémico concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, se concedían créditos extraordinarios por un importe total de 274 millones de euros para financiar proyectos de obras públicas. De esta forma, el equipo de Carmena pretendía saltarse la petición del Ministerio de Hacienda que le pedía congelar 238 millones de euros por superar la regla de gasto de 2016. 

La justicia volvió a dar la espalda a una de las decisión del Ayuntamiento de Madrid. Esta vez el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 y 21 de Madrid confirmaba la ilegalidad del sistema 'foto-rojo', el utilizado por el Ayuntamiento de Madrid para captar las infracciones por no respetar la luz de los semáforos. Un sistema también rechazado por el Tribunal Supremo.

A finales de enero de 2018, otra vez con Sánchez Mato, ya fuera de la concejalía de Economía, de por medio, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 17 de Madrid obligaba a readmitir a la que fuera la interventora general del Consistorio y que destituyó en 2016, Beatriz Vigo.

Así, hasta este martes, donde el consistorio de Carmena ha recibido su último revés en casi tres años de gobierno. 

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