El mandato de Cristina Cifuentes ha tenido tres vértices que han puesto en peligro su legislatura y el último, el escándalo del máster, aun no se ha resuelto y futuro político no está despejado, especialmente después de que Ciudadanos, que sostiene el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, haya pedido este lunes la dimisión de la presidenta madrileña.

Antes del máster o no-máster de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos, la estabilidad del Gobierno de Cifuentes se tambaleó por el caso Lezo, relacionado con el Canal Isabel II, y por el caso Púnica que llevó a prisión al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, que implicó en una declaración ante la Audiencia Nacional a Cristina Cifuentes y a Esperanza Aguirre en la caja B de los populares madrileños. 

Cuando estalló la operación Lezo, que situaba en el punto de mira al expresidente Ignacio González por presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, el Gobierno de Cristina Cifuentes se negó a entregar las actas del Canal de Isabel II a la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid reclamadas por la oposición. El Ejecutivo madrileño arguyó que necesitaba el permiso de la Audiencia Nacional para presentar esas actas al tratarse de una caso judicializado. 

El caso llegó a los tribunales y ha tenido varios giros. La Asociación de Abogados Demócratas de Europa y Podemos recurrieron a la justicia y el juez Fernando Andreu dictó en agosto de 2017 una providencia que daba vía libre a la entrega de documentación sobre el Canal de Isabel II a la comisión. Pero el juez Manuel García Castellón dictó en el mes de enero un auto en que determinaba que "no ha lugar la entrega de la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción". En marzo de 2018, Castellón ha desestimado un recurso de Podemos contra dicho auto. 

Con esta decisión, Cifuentes salvó una de las papeletas más delicadas que se le han presentado desde que llegara al poder en junio de 2015. 

Otra patata caliente estaba en prisión. Era Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y encarcelado en la operación Púnica. Después de salir de la cárcel en verano de 2017, el pasado mes de febrero Granados acudió a declarar a la Audiencia Nacional a petición propia por el caso Púnica. Y allí, ante el juez García Castellón, abrió el ventilador y colocó en el centro de la caja B del PP a Esperanza Aguirre y Crisitina Cifuentes. 

El exsecretario general de los populares madrileños sostuvo ante el juez que Cifuentes formaba parte del “núcleo de poder” que organizó la “campaña paralela y de refuerzo” de Aguirre en 2007 y 2011. La investigación de Púnica recoge que el PP manejó cinco millones de euros de manera opaca para esa campaña. Para sostener su afirmación, Granados apuntó una relación sentimental entre Cifuentes e Ignacio González, mano derecha de Esperanza Aguirre. 

Cifuentes anunció una querella contra Granados nada más conocer la declaración y la oposición salió contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Podemos pidió directamente la dimisión de Cifuentes y el PSOE anunció que pediría la comparecencia tanto de Granados como de Cifuentes en la Comisión de investigación de la corrupción abierta en la Asamblea de Madrid. También Ciudadanos, en palabras de José Manuel Villegas, dijo que si Cifuentes llegase a ser imputada por corrupción le retiraría su apoyo en Madrid.

Hasta el momento, Cifuentes también ha sorteado esta piedra en el camino. Ahora parece que está ante la más difícil, la legalidad de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, que le está haciendo pasar "unos días muy duros" según dijo este sábado en la Convención Nacional del PP en Sevilla, y que le está costando afrontar ante la ausencia de pruebas convincentes que justifiquen la realización del máster en Derecho Autonómico y la falta de un apoyo contundente desde su partido.